El gabinete de seguridad del gobierno federal firmó el Protocolo Nacional de Actuación-Destrucción de Plantíos Ilícitos para consolidar de manera efectiva la coordinación para la localización y erradicación de cultivos de amapola y mariguana en el país.
Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, dijo que el acuerdo brindará certeza jurídica, fortalecerá la salud pública, mejorará las condiciones de seguridad pública y permitirá dar un nuevo impulso al esfuerzo que realizan miles de soldados que diariamente cumplen con esta actividad.
El general mencionó que la erradicación de cultivos es permanente en las 12 regiones militares en las que se divide el país pero con especial atención a las áreas críticas en las que intensivamente se desarrollan operaciones de erradicación como en las serranías de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa y en Guerrero.
“Aun cuando nuestra labor es subsidiaria y temporal en la atención a la problemática que representan los plantíos de drogas estamos conscientes de la importancia que representa hacerlo de manera efectiva, decidida e interinstitucional al amparo de la ley”.
Por su parte, Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, manifestó que en esta administración se han erradicado 212 mil plantíos de mariguana, equivalente a 27 mil hectáreas de droga ilícita, y 856 mil plantíos de amapola, el doble de lo que se erradicó en toda la administración pasada, y solo se ha hecho en cinco años.
Mencionó que inhibir la producción de substancias ilícitas es generar condiciones de futuro al país.
“Y quienes piensan que legalizar el mercado de las drogas termina con la violencia, ni la termina y genera nuevos problemas y desafíos en la salud pública.
“La ONU lo dice con claridad, las drogas están prohibidas en nuestro país y en el mundo, porque hacen daño a la salud, no porque sean ilícitas. Si le quitas la ilicitud, no le quitas el daño a la salud, por eso son prohibidas”, expresó.
A su vez, Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina, comentó que el protocolo es un instrumento cuyo propósito es potencializar, a través de la coordinación, los esfuerzos hasta ahora realizados por las instituciones, en lo relativo a la destrucción de plantíos ilícitos.
“Esta homologación de procesos, sin duda, nos permitirá, alcanzar de mejor manera los propósitos planteados, mediante una actuación operativa sistemática y cuidadosa, que habrá de verse reflejada en acciones más contundentes contra la delincuencia organizada.
“Además de fortalecer las capacidades humanas y tecnológicas con las que ya contamos y estamos operando”, añadió.
Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, y encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, declaró que el problema de las drogas es uno de los retos más complejos de nuestro país, y su evolución ha generado efectos muy negativos en diferentes ámbitos, como la salud, la cohesión social, la seguridad o el Estado de Derecho.
Los costos sociales y daños ocasionados por este fenómeno son enormes. Sobre todo, cuando esos costos se traducen en violencia y vidas perdidas.
“Frente a estas problemáticas, el Ejecutivo federal ha perfeccionado su política de drogas, incorporando una visión de Estado de acuerdo a principios internacionales.
“Ponderando un enfoque de salud pública y prevención social para reducir la demanda, al tiempo que va fortaleciendo la aplicación estricta de la ley para reducir la oferta”, apuntó.
El protocolo establece los lineamientos para homologar la actuación y fortalecer la coordinación de las autoridades que conozcan, determinen y en su caso intervengan en la destrucción de plantíos ilícitos, con el propósito de brindar certeza jurídica a las autoridades participantes, de conformidad con lo establecido en la Constitución y Tratados Internacionales.
Con la implementación del Protocolo Nacional de Actuación para la destrucción de Plantíos Ilícitos, se emitirán las guías metodológicas que servirán de apoyo a las autoridades participantes en los procesos de medición, toma de muestras y verificación de la destrucción de plantíos ilícitos.
jbh