Diversos delitos en administración de la justicia, entre los que se encuentra el desviar u obstaculizar una investigación, son los cargos que podría enfrentar la ex fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, después de las irregularidades halladas en la investigación inicial por el homicidio del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Cuén Ojeda.
Especialistas consultados por MILENIO coincidieron que las inconsistencias encontradas por la Fiscalía General de la República (FGR) podrían representar una eventual acusación contra la funcionaria por diferentes ilícitos, pero que esto dependerá de los hallazgos de la institución federal.
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¿Qué dicen los especialistas?
Samuel González Ruiz, ex director de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la entonces PGR, señaló que la ex fiscal estatal podría ser acusada por generar pruebas falsas para la carpeta de investigación y desviar el curso de las indagatorias, entre otras conductas.
“Si la pregunta es ¿qué delitos pudo haber incurrido? Pues varios de los delitos contra la administración de justicia: afirmar cosas falsas en una carpeta de investigación, generar pruebas que no son las correctas y obviamente desviar el curso de las investigaciones”, planteó.
“Hay una gama muy amplia, el ejercicio ilícito del servicio público es para todos los funcionarios públicos, pero los delitos contra la administración de justicia son los específicos para los jueces, ministerios públicos, para los abogados. Hay una gama de delitos muy amplia”.
En el mismo sentido, el abogado penalista Héctor Pérez Rivera coincidió en que, dependiendo de los hallazgos de la FGR, la ex funcionaria podría ser imputada por diversos delitos, pero que antes se tiene que comprobar su participación y si a ella se le reportaban los actos de investigación realizados por el personal ministerial y pericial.
“Pueden imputarle todos los delitos asociados a la obstrucción de la procuración justicia. Es un caso similar, podemos llamarlo así, aldel fiscal de Morelos, Uriel Carmona , en la que la falta de la debida realización de los dictámenes periciales y el posible ocultamiento de evidencia se trasciende al fondo del asunto. Entonces eso pudiera ser, pero se tiene que demostrar el nexo de causalidad, es decir, ¿qué es esto? Que ella tenía conocimiento directo de dicha información y que incluso da la instrucción de que se oculte dicha información”, dijo en entrevista.
De acuerdo con el Código Penal Federal, los delitos contra la administración de la justicia van desde “retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de la justicia” hasta “desviar u obstaculizar la investigación del hecho delictuoso de qué se trate o favorecer que le imputados se sustraiga a la acción de la justicia”.
El artículo 225 sobre delitos contra la administración de justicia, para los 37 tipos penales que contempla, las sanciones van de tres a ocho años de cárcel y 30 a mil 100 días de multa, así como cuatro a diez años de prisión y de 100 a 150 días de multa.
Sara Bruna Quiñónez Estrada renunció como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, después de dos años y nueve meses de asumir el cargo, luego de las irregularidades encontradas en el informe de su institución como parte de las indagatorias para esclarecer el asesinato del ex rector de la universidad autónoma de aquella entidad, Héctor Cuén.
RM