En sus cinco años de existencia, la Fiscalía Anticorrupción ha dado carpetazo a más de mil expedientes y sólo ha presentado ante un juez federal el 3% de las investigaciones iniciadas, pero desconoce si en esos casos ya se dictó sentencia.
Además, en menos del uno por ciento de sus carpetas de investigación ha logrado un acuerdo concreto para resarcir el daño causado por la corrupción.
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¿Cuántas carpetas de investigación se han abierto?
De acuerdo con la respuesta a una solicitud de transparencia formulada por MILENIO, entre 2019 y la primera mitad de 2024, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción inició 3 mil 816 carpetas de investigación, de las cuales, mil 288, es decir, 34 por ciento, fueron desechadas por diversos motivos y 2 mil 68, el 54 por ciento, continúa en trámite.
La Fiscalía Anticorrupción está adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR) y está encabezada por María de la Luz Mijangos Borja.
Según sus cifras, sólo 119 carpetas han sido judicializadas, lo que equivale al tres por ciento de las indagatorias.
En 37 carpetas, que equivalen al 0.97% de los expedientes iniciados, se concretó un acuerdo reparatorio y sólo en una carpeta se aplicó un criterio de oportunidad.
Especialistas en la materia consultadas por este diario consideraron que llevar ante un juez sólo 3% de las investigaciones sobre corrupción es un resultado deficiente y “muy pobre”.
“Hay fiscalías anticorrupción estatales que han iniciado y judicializado muchas más carpetas que la Fiscalía de la FGR; las de Querétaro, Tlaxcala y Guanajuato tienen más de 15% de investigaciones judicializadas respecto de las iniciadas, un nivel de efectividad y resultados mucho más alto que los de la Fiscalía federal”, expuso Natalia Campos, Coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En su respuesta, la Fiscalía se negó a informar cuántos de los casos de corrupción que llevó ante un juez finalizaron en una sentencia y tampoco quiso precisar cuántas denuncias por presuntos delitos de corrupción ha recibido en el sexenio.
Acusan falta de transparencia en la Fiscalía
Para Mariana Cendejas, investigadora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey, se trata de un ejemplo de la falta de transparencia que impera en la Fiscalía.
“Si bien, tú, Fiscalía, no emites la sentencia, eres parte en el proceso judicial porque tú eres la parte acusadora. Eso es opacidad, opacidad y opacidad y quererse salir por la tangente”, reclamó.
“El personal que trabaja en las fiscalías debe ser capaz de discernir qué sí puede ser ‘elevado’, por decirlo de algún modo, a una carpeta de investigación y qué denuncia no amerita la apertura de una carpeta y las denuncias que no dan luz sobre una verdadera comisión de un delito, por no tener ninguna prueba y ninguna pista, sí deberían contabilizarse”, opinó Cendejas.
Carpetazo a más de mil casos
De los mil 288 casos a los que la Fiscalía Anticorrupción dio carpetazo, en 666, que equivalen al 17 por ciento de los expedientes, decidió no ejercer la acción penal, en otros 194 optó por abstenerse de investigar y siete más fueron cancelados porque se trataba de asuntos duplicados.
En 421 carpetas, la investigación no avanzó porque se consideró que los posibles delitos no eran competencia de la Fiscalía Anticorrupción y 303 casos fueron acumulados en otros expedientes.
La respuesta sólo incluyó datos estadísticos y no precisó a qué casos corresponden las indagatorias.
Para la investigadora del Tecnológico de Monterrey, los “pobres” resultados de la Fiscalía Anticorrupción son reflejo de la ineficiencia generalizadas de las fiscalías en el país.
“Lo que estamos viendo que las fiscalías, la General de la República y muchas estatales, no están siendo capaces ni siquiera de reunir los elementos suficientes para formular imputaciones y cuando sí hay imputaciones, se reduce más el número de vinculaciones a proceso. Es algo que no solo vemos en las fiscalías anticorrupción, sino en todas las materias”, dijo.
Por su parte, Natalia Campos, especialista del IMCO, advirtió que la Fiscalía Anticorrupción ha caído en subejercicios de su presupuesto.
“Por ejemplo, en 2022, de los 192 millones de pesos aprobados en el presupuesto, la Fiscalía ejerció solamente 88 millones de pesos, es decir, que hubo un subejercicio del 48 por ciento; eso significa que está utilizando la mitad de sus recursos aprobados y que hace falta una planeación correcta y una ejecución efectiva para cumplir con su misión”, dijo.
Para ella, una de las razones de la ineficiencia de las fiscalías puede encontrarse en su falta de autonomía.
“Como ocurre también con fiscalías estatales, cuando las fiscalías anticorrupción no cuentan con autonomía total presupuestal, de decisión, de designación de su titular, técnica y de gestión, resulta difícil o es un obstáculo para conseguir una mayor efectividad en la consecución de justicia”, explicó.
La analista afirmó que: “eso es lo que ocurre en la FGR: desde 2019 quedó establecida a través de un decreto, que la Fiscalía Anticorrupción es un órgano con autonomía de gestión, pero dentro de la FGR, y lo que nos indica el ejercicio de su presupuesto es que éste se destina únicamente al pago de su personal y no en la compra de software especializado, por ejemplo, o en la adquisición de servicios profesionales especializados”.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción inició operaciones en marzo de 2019, cuando el fiscal general Alejandro Gertz Manero designó como su titular a Mijangos Borja, nombramiento que, en su momento, fue impugnado por la falta de convocatoria para ocupar el cargo, que no garantizó la participación ciudadana y que se trata de un perfil cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador.
RM