A ocho días de que un bebé fuera encontrado muerto al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla capital, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el gobernador Miguel Barbosa señaló que la dependencia aún desconoce quiénes son los padres del menor, así como su paradero.
En conferencia matutina, el mandatario aseguró que la FGE ya obtuvo algunas respuestas relacionadas a la investigación de los hechos, pero reservó la información para que el organismo lo dé a conocer a su debido tiempo.
“Yo espero que pronto la Fiscalía anuncie los resultados, ayer (martes) mismo hubo resultados que ya se pueden saber algunos detalles. No voy a decirlos, dónde murió el niño, vamos a ver quienes lo atendieron, quienes son los papás, dónde nació, dónde murió y después cómo se introdujo al reclusorio y quienes lo introdujeron”.
Reiteró que el gobierno estatal atendió el caso a la brevedad y no hasta que se difundió a la opinión pública, por lo que se comprometió a mantener las investigaciones hasta que se conozcan a los implicados en la muerte del menor, así como su introducción al reclusorio.
“Todo eso está en curso desde el primer día que ocurrió y no cuando alguien lo denunció y alguien lo hizo público, desde el primer día lo estamos atendiendo nosotros”.
Aunado a lo anterior, el gobernador reconoció que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha llegado a identificar que algunos reos al interior de las cárceles de Puebla, pese a estar privados de la libertad, aún cometen delitos que afectan al resto de la sociedad, por lo que se realizan operativos para “desactivar” bandas o se trasladan a los miembros más peligrosos a reclusorios federales.
El titular del Ejecutivo estatal aseguró que su gobierno destina “miles de millones de pesos” para solventar la operación de los penales estatales de San Miguel, Tepexi de Rodríguez y Ciudad Serdán, los penales regionales de Tehuacán, San Pedro Cholula y Huauchinango, así como los 14 penales distritales.
Denunció que gobiernos anteriores dejaron en el abandono a las cárceles del estado y es necesario que la inversión a las mismas se mantenga, ya que no solo se trata de custodiar a los presos, sino también para brindarles seguridad y alimentación, así como garantizar su reinserción a la sociedad una vez que cumplan su condena.
Reconoció que el ambiente en los Ceresos de Puebla no es fácil y mantener la seguridad “es una lucha permanente”, ya que hay internos que prefieren mantener sus actividades delictivas tras las rejas pero también porque hay directores que se convierten en aliados de los criminales
“Todo el tiempo hay complicaciones, reconozco que los mandos directivos de los reclusorios llegan a corromperse y las personas que están ahí metidas, así como hay muchas que quieren rehabilitarse y transitar por su condena con un comportamiento adecuado, hay otros que son verdaderos delincuentes y preparan la comisión de delitos desde adentro”.
Barbosa recalcó que continuarán los dispositivos de seguridad en los penales mayormente poblados para evitar que los reclusos presenten quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntas violaciones a su integridad o para reducir la cantidad de aquellos que buscan “canonjías” a fin de obtener beneficios personales.
AFM