Florian Tudor, El Tiburón, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser el presunto líder de la Banda de la Riviera Maya, promovió un amparo contra la citada institución, porque se ha negado a darle una copia de las carpetas de investigación que inició contra personal ministerial que es investigado por probables delitos de abuso de autoridad.
Lo anterior, derivado de actos de investigación que llevaron a cabo en Quintana Roo contra Florian Tudor.
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Jorge Antonio Medina Gaona, juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, dio entrada a la demanda, pero no otorgó la suspensión porque no fue solicitada.
En su demanda reclama la omisión de dar acceso a la carpeta de investigación FED/VG/UNAI-QR/0000426/2019, así como la expedición de copia autenticada de la misma y la negativa de reconocer la calidad de asesor jurídico Oscar Hernández Calderón.
Cabe mencionar que antes de la detención de Florian Tudor, la FGR inició dos carpetas de investigación por supuestas irregularidades en un cateo que llevó a cabo el personal de su dependencia, donde también se indaga el abuso de autoridad.
Las pesquisas están en manos de la Fiscalía de Asuntos Internos y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, mismas que iniciaron las carpetas de investigación FED/VG/UNAI-QR/0000426/2019 y FED/FECC/UNAI-QR/0000287/2019.
Entre los servidores públicos que se encuentran bajo investigación por este operativo está el que fue delegado de la FGR en Quintana Roo y superior jerárquico de otros elementos, Javier Ocampo García.
El 11 de mayo de 2019, Florián Tudor fue detenido en Cancún, tras un operativo de la FGR y de la Secretaría de Marina, cuando buscaban armas de fuego. Sin embargo, el cateo se realizó “de forma incorrecta”.
Lo anterior propició que una juez federal calificara de ilegal la detención y ordenara su libertad, además de anular todas las pruebas que obtuvo la FGR. La resolución fue confirmada por el Segundo Tribunal Unitario con residencia en Quintana Roo.
En una audiencia celebrada el 17 de septiembre de 2019, el juez de control decretó la nulidad del acuerdo de aseguramiento de 13 de mayo de dicho año, porque consideró que dicha determinación se sustentó en una orden de cateo que no cumplió con las formalidades legales.
En mayo de 2021, la FGR capturó en la Ciudad de México al rumano a quien se señala de supuestamente haber sustraído más de mil 200 millones de pesos de cajeros automáticos.
Su captura derivó de una orden de detención provisional con fines de extradición, la cual fue otorgada por un juez federal, ya que el gobierno de Rumania busca juzgarlo por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.
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