Un juez federal rechazó otorgar una suspensión provisional a Florian Tudor, quien buscaba frenar los trámites y asistencia jurídica entre las autoridades de México y Rumania, además de la solicitud, emisión, inscripción, y publicación de la “ficha roja”.
Darío Alejandro Villa Arnaiz, juez Séptimo de Distrito con residencia en Cancún, Quintana Roo, solo otorgó una suspensión de plano al quejoso para el efecto de que no pueda ser entregado en estos momentos a su nación de origen.
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De igual manera, le concedió una suspensión provisional para que las autoridades no lo detengan, solo por lo que hace a delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa. Asimismo, se le impuso una garantía de 20 mil pesos.
En su acuerdo, el juzgador dejó claro que la suspensión otorgada no impide que se continúen los trámites para solicitar su detención o aprehensión, así como la solicitud de asistencia jurídica internacional para la ejecución de las órdenes privativas de la libertad con fines de extradición.
La semana pasada, Julio César Ortiz Mendoza, juez Octavo de Distrito con residencia en Cancún, también le dio una suspensión provisional, misma que evita su deportación, detención o aprehensión.
En marzo pasado, jueces rumanos del tribunal de Bucarest ordenaron aprehender al empresario, a quien se le ha relacionado con la llamada mafia rumana o Banda de la Riviera Maya, dedicada a la clonación de tarjetas bancarias en destinos turísticos de México.
En Rumania, a Florian Tudor se le imputan los delitos de intento de asesinato, chantaje y constitución de una red de delincuencia organizada, hechos por los que seis de sus colaboradores fueron condenados a penas de entre tres y 10 años de prisión.
Tudor fue denunciado en nuestro país por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias, por presuntamente encabezar una red de clonación de tarjetas, lavado de dinero y trata de personas.
Tudor ha manifestado que hay una persecución en su contra y ha denunciado haber sido víctima de abusos de autoridad e intento de extorsión.
AESC