Jueces federales otorgaron suspensiones provisionales a Mariana Gómez Leal, esposa del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como a José Manuel, hermano del mandatario, medidas cautelares que ordenan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el desbloqueo de cinco cuentas bancarias para que puedan disponer de sus fondos.
Faustino Gutiérrez Pérez y Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, jueces Octavo y Séptimo de Distrito con residencia en Tamaulipas, respectivamente, admitieron a trámite las demandas y otorgaron las suspensiones.
La esposa del mandatario estatal reclamó el bloqueo de dos cuentas que tiene en las instituciones crediticias BBVA Bancomer y Banorte, mientras que su cuñado tres cuentas, dos de ellas en Banregio y una en Intercam Banco.
En el caso de Mariana Gómez, el juez Faustino Gutiérrez señaló:
“De esta forma, tomando en consideración, por una parte, que la quejosa es titular y/o beneficiaria de las cuentas bancarias que defiende, por lo que es quien se encuentra facultada para disponer de los recursos monetarios ahí depositados, y, por otra, que hasta esta etapa procesal no se cuenta con algún elemento que permita concluir que de otorgarse la suspensión provisional, para el efecto de que se levante el bloqueo de esa cuenta, se ocasionaría perjuicio al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público, dado que incluso se desconoce el origen y el sustento legal de esa actuación, es evidente que resulta procedente otorgar la medida cautelar solicitada”, detalla el acuerdo del juzgador.
Gutiérrez Pérez indicó que, de continuar con el bloqueo se causarían daños y perjuicios de difícil reparación a la demandante, consistentes en la privación del derecho que le asiste de disponer de los recursos de las cuentas de la que es titular.
Mencionó que la medida cautelar prevalecerá hasta que se resuelva lo relativo a la suspensión definitiva, audiencia que se celebrará el próximo 14 de junio.
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Por lo que hace al amparo de José Manuel García Cabeza de Vaca, el juez otorgó la suspensión provisional y fijó para el 14 de junio también la celebración de la audiencia incidental.
La UIF deberá presentar su informe para que el juez se cerciore sobre si la concesión en definitiva de la medida causaría un daño al orden público e interés social.
Pese a la resolución, la UIF aún puede interponer un recurso de queja, para que un Tribunal Colegiado en la entidad determine si está fundada o no la resolución.
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