Luego del incendio del pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 indocumentados y 25 más resultaron heridos, la Fiscalía General de la República (FGR) buscará imputar esta mañana el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
De acuerdo con el Código Penal Federal, en su artículo 214, la modalidad del delito que le imputan al comisionado del INM tiene una pena de dos a siete años de prisión y de 30 a 150 días multa.
Este delito no amerita prisión preventiva; sin embargo, el Ministerio Público de la Federación podría solicitar esta medida cautelar al juez de Control, de considerar que existe riesgo de fuga y que no hay garantías de que el funcionario se presente a la continuación del proceso.
En esta audiencia inicial también podría definirse si Francisco Garduño se mantiene como comisionado del INM, pues el presidente López Obrador pidió esperar la acusación contra uno de sus colabores desde hace 23 años, cuando el hoy Presidente de la República era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y Garduño secretario de Transporte y Vialidad.
“Lo conozco desde hace muchos años. Es una gente recta y trabajadora”, destacó el presidente López Obrador la semana pasada durante una mañanera.
“Pero nuestro criterio es no proteger a nadie”, sentenció el jefe del Ejecutivo respecto a Garduño, quien en 2006 fue coordinador del llamado Gobierno Legítimo de López Obrador en Oaxaca, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.
Tal es la cercanía de Francisco Garduño con la 4T que otro compañero de gabinete en aquel gobierno de López Obrador en el entonces DF, Alejandro Gertz Manero, será el encargado, a través de la FGR, de ponerlo frente a un juez esta mañana en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez.
Respecto a la indagatoria, la FGR dio a conocer que iba por dos líneas “paralelas” de investigación:
- La primera, dentro del propio Instituto Nacional de Migración (INM)
- La segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada encargada del resguardo del centro migratorio.
El pasado 11 de abril, la FGR anunció que había decido proceder penalmente, entre otros, en contra de Francisco Garduño por incurrir “en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.
La FGR incluso hizo referencia a que Francisco Garduño, en su carácter de encargado de las políticas migratorias en el país, ya tenía un antecedente de omisión en estos centros de detención para indocumentados: Tenosique, Tabasco, donde el 31 de marzo de 2020 ocurrió un motín e incendio que dejó una persona muerta y 14 lesionados.
“Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos.
“Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”, sostuvo la FGR.
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