Una jueza federal otorgó una suspensión de plano al narcotraficante Rafael Caro Quintero, medida cautelar que frenó cualquier intento del gobierno de México de entregarlo a Estados Unidos.
Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, dio entrada a la demanda promovida por una persona que afirmó ser el abogado del capo; días después, Caro Quintero ratificó la demanda de garantías interpuesta a su nombre.
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De qué acusan a Caro Quintero
De acuerdo con el expediente, el amparo contra la extradición se presentó el 20 de enero de este año, fecha en que asumió la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, mandatario que ahora impulsa que se aplique la pena de muerte a los narcotraficantes.
Caro Quintero fue detenido en 1985, pero debido a que es requerido por el asesinato del agente de la DEA, Enrique, Kiki, Camarena Salazar, las autoridades mexicanas determinaron en su momento no entregarlo por no existir garantía de que no fuera sometido a la pena capital.
Por la cual estuvo purgando su condena en México hasta que fue liberado por un amparo que obtuvo, tras 28 años de estar preso.
Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la resolución, fallo que llevó a un Tribunal Colegiado a ordenar su reaprehensión para que cumpla 12 años más de cárcel, ya que su sentencia es de 40 años.
El mandato judicial fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) el 15 de julio de 2022.
La jueza Duarte Cedillo fijó para el 31 de enero la celebración de la audiencia incidental en la que determinará si concede la suspensión definitiva.
“A este respecto, el impetrante solicitó la suspensión de plano y de oficio, además de la provisional y en su caso la definitiva en favor del quejoso, respecto de los actos reclamados, ya que de llegar a ejecutarse en su totalidad el traslado ilegal de este país a los Estados Unidos de América en contra del directo quejoso se haría física y jurídicamente imposible el que el presente asunto se resuelva y se reparen las violaciones a los derechos humanos del aquí directo agraviado”, indica el expediente.
Los efectos de la medida cautelar tendrán vigencia hasta que se notifique la resolución sobre la suspensión definitiva, pero no paraliza la continuación del procedimiento de extradición que se le sigue.
RM