Un tribunal federal ordenó suspender “el trámite de la ejecución de cumplimiento de la sentencia de amparo” que ordena crear la comisión de la verdad del caso Iguala, debido a que la PGR y la CNDH argumentaron la “imposibilidad jurídica para cumplir con el fallo” que benefició a cuatro presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, acusados de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En la lista de acuerdos de hoy, el tercer tribunal unitario del decimo noveno circuito informó que fue notificado por el segundo tribunal unitario de Matamoros, Tamaulipas, que el juez primero de procesos penales ordenó la notificación de la sentencia a las víctimas indirectas del delito de secuestro y a sus asesores jurídicos.
Asimismo, detalla que la PGR como la CNDH “arguyeron imposibilidad jurídica para cumplir con el fallo protector en lo que les atañe (integrar la comisión de investigación)”.
Como el tribunal puntualizó que tampoco el Presidente de la República y la Cámara de Diputados pueden cumplir la sentencia, se suspende el trámite de ejecución de cumplimiento de la sentencia de amparo, “hasta en tanto se resuelva el incidente de imposibilidad de incumplimiento”.
El acuerdo fue emitido dentro de los expedientes 121/2015 correspondiente a Salvador Reza Jacobo; 160/2015, de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; 177/2015, de Miguel Ángel Landa Bahena; y 48/2016, de Gildardo López Astudillo, El Gil.
El 4 de junio, un tribunal federal ordenó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala, porque la indagatoria de la PGR no fue “imparcial” y hay indicios de que los principales acusados fueron torturados.
El tribunal señaló que la comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la CNDH y la PGR, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar, y podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
jbh