Un Tribunal Federal resolvió de manera definitiva que no existen elementos para vincular a proceso al ex subsecretario de la entonces Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Enrique González Tiburcio, en el caso denominado la Estafa Maestra.
La Fiscalía General de la República (FGR) pretendía que el ex funcionario enfrentara un proceso por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
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Por unanimidad, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal en la Ciudad de México, confirmó la resolución dictada en primera instancia por un juez de control, mismo que señaló que no hay indicios que demuestren que el ex servidor público haya incurrido en malos manejos por 106 millones de pesos, derivado de un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma Indígena de México, en Sinaloa.
La FGR interpuso un recurso de apelación porque el 21 de abril de 2023, Juan José Hernández Leyva, juez de control del Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Sur, decidió no vincular a proceso Enrique González.
Lo anterior, porque un peritaje demostró que las firmas plasmadas en el convenio fueron falsificadas.
Ahora, el proyecto de la magistrada Gabriela Vieyra Pineda, el cual fue aprobado por el Tribunal Federal, menciona que el juez de control determinó que no existe indicio razonable que permita suponer que la firma del justiciable es la que consta en el convenio general de que se trata.
“Determinación que este tribunal de alzada estima apegada a la legalidad, ya que la conducta atribuida al justiciable consiste en que en su calidad de servidor público indebidamente contrató servicios con recursos públicos, mediante la suscripción del convenio general…de 4 de enero de 2016...
“Respecto de lo cual la defensa del justiciable, en contra-argumentación o refutación, señaló que la firma que calza ese documento base de la acción, no fue puesta de puño y letra de su representado; para robustecer tal aserto, aportó como dato de prueba el resultado del dictamen emitido el 10 de abril de 2023, por un perito particular en materia de grafoscopía y documentoscopía en el que el especialista concluyó que la firma que calza el escrito de ese convenio…no provienen de su puño y letra, además que las diferencias anotadas, los signos que ahí observó son típicos de falsificación por imitación servil’, es decir, concluyó que la firma no corresponde a la del justiciable y que, puede tratarse de una falsificada”, detalla la resolución.
El Tribunal Federal indicó que la FGR únicamente realizó manifestaciones tendentes a demeritar la valoración que realizó el juez de ese dato de prueba, pero no se ocupó de refutar el razonamiento medular que sostiene la determinación recurrida, es decir, que de los datos aportados por la fiscalía no se advierte alguno que permita suponer razonablemente que la firma que consta en el convenio general es la del ex susbsecretario.
“…por lo que tales aseveraciones se califican de inoperantes por insuficientes, pues únicamente asumen postura contraria al sentido de esa determinación, pero no exponen la argumentación necesaria en donde expliquen cuál es la información mínima con la que cuenta, en el particular la fiscalía (datos de prueba) por la que justifique que la firma si corresponde la justiciable”, señala el fallo.
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