Un par de días después de que se cumplieran 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural 'Raúl Isidro Burgos' de Ayotzinapa, Guerrero, la Secretaría de Gobernación (Segob) ofreció una actualización del estatus de las indagatorias.
En conferencia de prensa, Mauricio Pazarán Álvarez, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), resaltó que una de las principales líneas de investigación se relaciona con el uso que otras personas le dieron a los teléfonos celulares de los normalistas en fechas posteriores a la desaparición.
Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió desde 2018 sobre la actividad de los teléfonos celulares de los jóvenes en días y meses posteriores a los hechos, las recientes investigaciones permitieron identificar quiénes utilizaron los dispositivos y en qué momentos.
¿Quiénes usaron los teléfonos de los normalistas?
El primer caso expuesto por el titular de la UEILCA correspondió al teléfono del estudiante Jorge Antonio Tizapa Legideño, el cual fue utilizado por el exdirector de Tránsito de Iguala, Mauro Antonio 'N', entre el 23 y 25 de octubre de 2014, es decir, casi un mes después de la desaparición.
Mauro Antonio 'N' fue detenido el 3 de marzo de 2026 en Iguala, a raíz de una orden en su contra por delincuencia organizada. El 25 de agosto del mismo año, una jueza otorgó además una orden de aprehensión en contra del exfuncionario por desaparición forzada de personas.
El celular de Jorge Aníbal Cruz Mendoza fue utilizado por un agente de la Policía Municipal de Iguala el 30 de septiembre de 2014 y, posteriormente, el dispositivo pasó a manos de la pareja sentimental del agente policiaco.
El uniformado que usó este teléfono se encontraba activo la noche en que los estudiantes fueron desaparecidos, según arrojaron las investigaciones. El informe refiere, además, que volvió a utilizar el dispositivo, pero con un número telefónico distinto.
"Un teléfono no es sólo un objeto, analizado técnicamente puede convertirse en una fuente relevante de información para establecer conexiones entre personas, lugares y momentos", explicó Mauricio Pazarán.
Los análisis técnicos también permitieron establecer que el teléfono de Israel Caballero Sánchez —cuya madre falleció en diciembre de 2025— fue utilizado por la esposa de un exservidor público municipal.
Aunque la UEILCA no reveló la identidad del funcionario, advirtió que se trató de un servidor público que, el día de los hechos, estuvo adscrito al Tribunal de Barandilla de Iguala.
La inspección a dicho dispositivo refuerza la hipótesis de que algunos de los normalistas fueron trasladados al citado lugar, lo que contradice las declaraciones del entonces juez calificador, José Ulises Bernabé García, quien afirmó que la noche del 26 de septiembre de 2014 sólo ingresaron al recinto seis detenidos, entre los cuales, según él, no había estudiantes.
Bernabé García ingresó de forma irregular a Estados Unidos en abril de 2015 y, ante la posibilidad de ser expulsado, presentó una solicitud de asilo, la cual le fue concedida en enero de 2020.
De acuerdo con la información presentada por la UEILCA, existe una orden de aprehensión vigente contra el exjuez de Barandilla de Iguala por desaparición forzada y su extradición desde Estados Unidos está en proceso.
BM.