La Fundación Carmen Sánchez, dedicada a apoyar a víctimas de violencia química, pidió a la Legislatura mexiquense ajustar la legislación para definir con mayor claridad este problema, garantizar atención médica gratuita, inmediata e ininterrumpida a las víctimas; justicia y una verdadera reparación del daño.
Lo anterior durante una visita al Congreso local, para una convocatoria de la diputada María Isabel Sánchez Holguín, quien construye una propuesta de ley para garantizar a las víctimas el acceso y ejercicio de sus derechos, generar precedentes para la sanción y sobre todo para la prevención de este tipo de violencia, en especial la que se da en un contexto machista.
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Al foro acudieron representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como de las áreas de salud, trabajo y justicia, en la que se dejó claro que, para lograr una atención integral, es necesario que el Legislativo destine recursos específicos a todas las áreas involucradas, porque estas agresiones cambian por completo la vida de las víctimas y requieren apoyo de todo tipo.
La diputada María Isabel Sánchez Holguín señaló que para construir una legislación garantista y fuerte para los mexiquenses, es fundamental escuchar a quienes conocen las causas y construir todo de manera conjunta con la ciudadanía.
En este caso, acotó, se trata de integrar unidos, una propuesta integral para tipificar y sancionar los ataques con sustancias químicas en el Estado de México, generar las reformas legislativas que garanticen a las víctimas de estos ataques el acceso a una justicia expedita y la reparación integral del daño, así como encuadrar estas acciones como violencia de género.
Propuesta para tipificar el delito
Quienes integran la Fundación Carmen Sánchez informaron que llevan tiempo trabajando en el tema y por ello consideran necesario: primero, pasar del término violencia ácida a violencia química, porque esta última incluye otros 25 mil tipos de sustancias que pueden causar quemaduras al contacto con la piel.
Este tipo de violencia es el desenlace de una serie de agresiones y pidieron no hacer justificaciones en la ley con tintes misóginos, en el que se argumente que el delito es una reacción a una infidelidad u otra cosa, porque nada justifica el destrozarle la vida a una persona, a quien no sólo le generan cicatrices en el cuerpo, sino en el alma, daños económicos y truncan por completo su proyecto de vida.
Pueden afectar tejidos, órganos y llegar al hueso causando falla multiorgánica, además de generar depresión, ansiedad generalizada, estrés postraumático, estigma en el aspecto social, una fractura familiar irreparable, dificultad para continuar sus estudios y trabajo y estar sujeta a cientos de operaciones que resultan muy costosas y dolorosas.
Consideraron necesario que la reparación del daño sea real, porque es muy fácil para el victimario declararse en insolvencia y la víctima no tenga ni para pagar sus pomadas o analgésicos para calmar el dolor; además de hacer investigaciones de oficio.
Ahí, las autoridades sanitarias están obligadas a dar vista al Ministerio Público, pues tan sólo en 2022 atendieron a 105 mujeres, pero sólo notificaron seis casos.
Necesitan apoyo para los peritajes especializados, autoridades que conozcan del tema, investigaciones con perspectiva de género y de manera diferenciada; un registro nacional y estatal para documentar los casos, el tipo de sustancia y sobre todo presupuesto para que esto no se quede en buenas intenciones.
RM