El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entregó de nueva cuenta una garantía de 100 mil pesos para que continúe vigente la suspensión definitiva que le concedió un juez federal, misma que impide a la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutar la orden de aprehensión que hay en su contra.
De acuerdo con registros judiciales, el 17 de junio el mandatario estatal exhibió el billete de depósito número N905745 expedido por el Banco del Bienestar, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo.
“Por tanto, continúa surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida en proveído de siete de junio último, lo que se deberá comunicar a las autoridades responsables…”, detalla el acuerdo de Faustino Gutiérrez Pérez, juez Octavo de Distrito con residencia en Tamaulipas.
El juzgado ordenó que lo anterior se informara a Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en el penal del Altiplano, Estado de México, así como al encargado del Despacho de la Delegación de la FGR en Tamaulipas, y al director general de Juicios de Amparo de la FGR, así como a la Agencia de Investigación Criminal y a la Guardia Nacional, para que no intenten detenerlo.
La orden de aprehensión contra el gobernador, por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue girada por Aarón Zeferín, a petición de la FGR.
La suspensión definitiva prevalecerá hasta el próximo 22 de junio, fecha en que el juez celebrará la audiencia constitucional donde resolverá si concede o no el amparo al mandatario estatal.
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El juzgador dijo que optó “por proteger el interés social”, porque “la gravedad de los hechos con apariencia de delito” que se le imputan a Francisco Javier García, “no pueden estar por encima de la inmunidad procesal”.
El 25 de mayo, Faustino Gutiérrez señaló que el requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal contra el gobernador, por los delitos que le atribuya la FGR se encuentra “sub júdice”, es decir, están pendientes diversos pronunciamientos judiciales.
El gobernador ha manifestado que goza de fuero, porque el Congreso local no quiso homologar la declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados, además de que existe el pronunciamiento del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien señaló que solo podrá ejercerse acción penal cuando termine su encargo.
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