Un juez federal rechazó entregar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, una copia del archivo digital que contiene la orden de aprehensión librada en su contra, debido a que contiene “información clasificada”.
Faustino Gutiérrez Pérez, juez Octavo de Distrito en la mencionada entidad, dijo que el mandatario estatal sólo puede obtener copia certificada de las constancias que conforman un legajo de pruebas, pero “previa censura de toda información que permita identificar a otras personas contra quienes también se instruye el expediente” por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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El juzgador también señaló que fue notificado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, que se le dio entrada el recurso de queja de la Fiscalía General de la República (FGR) a través del cual impugnó que se haya admitido a trámite la demanda de amparo del gobernador contra la orden de captura girada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Desde el 8 de junio, Cabeza de Vaca cuenta con una suspensión definitiva que impide su captura. La FGR también interpuso un recurso de revisión contra esta resolución.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, y le ordenó admitir a trámite la controversia constitucional que interpuso el Congreso del estado de Tamaulipas, para resolver si son inatacables las decisiones de la Cámara de Diputados en las declaratorias de procedencia.
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La Sala avaló el proyecto de sentencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien consideró que era fundado el recurso de reclamación del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien impugnó que el ministro Alcántara Carránca desechó la controversia y reconoció que el gobernador tiene fuero y no puede ser detenido.
El 14 de mayo, el ministro desechó la controversia constitucional por tratarse de un conflicto competencial, donde no se vio afectada la autonomía del Congreso de Tamaulipas, el cual decidió no retirarle el fuero al gobernador.
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