Un Tribunal Federal asestó un revés a la Fiscalía General de la República (FGR) porque declaró infundado su recurso de queja con el cual buscaba echar abajo la decisión del juez que dio entrada al amparo del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y que frenó la ejecución de la orden de aprehensión.
La FGR alegó que Faustino Gutiérrez Pérez, juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, no debió admitir la demanda por improcedente, ya que la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de procedencia para el desafuero del gobernador, decisión que es inatacable.
Por unanimidad, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito determinó que el juzgador “actuó de forma prudente” al admitir la demanda, atendiendo a que los actos reclamados por Cabeza de Vaca pueden ser violatorios de los derechos fundamentales.
Dejaron claro que el juez no expresó que el quejoso conservaba su fuero, como tampoco señaló que el acto reclamado consistía en el desafuero o retiro de inmunidad procesal, como lo pretende la FGR en sus agravios.
En el expediente se menciona que el gobernador expuso que las autoridades no han esperado a que concluya su mandato, lo que acontecerá hasta octubre de 2022 y, que si bien la Cámara de Diputados erigida en Jurado de Procedencia, determinó retirarle la inmunidad procesal, no se cuenta con la homologación del Congreso del Estado de Tamaulipas, ya que este último determinó no homologar la Declaración de Procedencia del Congreso de la Unión.
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Además, el gobernador agregó que los efectos de la declaratoria de procedencia se encuentran impugnados a través de una controversia constitucional que promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los magistrados del Tribunal Colegiado señalaron que la declaratoria de procedencia prevista en el artículo 111 de la Constitución, constituye un requisito de procedibilidad sin el cual no puede procederse penalmente en contra de los servidores públicos, pero no prejuzga respecto de la acusación penal, ya que la propia Constitución prevé que una resolución adversa de la Cámara de Diputados no impide que una vez que el servidor público haya concluido el ejercicio de su encargo, la imputación por la comisión del delito continúe su curso.
El amparo de Francisco Javier cuestiona la facultad del ministerio público de integrar una o más carpetas de investigación y solicitar órdenes de aprehensión en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuando aún es gobernador del estado de Tamaulipas.
La FGR dijo en sus alegatos que, en el caso de los gobernadores, la Declaratoria de Procedencia es para el efecto de que se comunique a las Legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda, lo que en concordancia con el artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, implica separar al inculpado de su encargo.
El Tribunal puntualizó: “Por ello, se estima que el juez de Distrito actuó de forma prudente al admitir la demanda de amparo respecto de esos actos de autoridad, pues el pronunciamiento respectivo requiere de mayores datos y un estudio más exhaustivo, lo que es propio de la sentencia definitiva”.
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