La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila a reconocer que los estados tienen capacidad para regular la gestación subrogada, conocida como renta de vientres, en el entendido de que sí pueden definir las consecuencias civiles de su uso, pero no los aspectos técnicos del proceso de gestación, ni la condición médica de aquellos que busquen someterse a esta técnica de reproducción.
Éste será el primer fallo del Alto Tribunal sobre el tema, donde la mayor parte de los ministros se han pronunciado a favor del proyecto de sentencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, además de que han cerrado filas sobre la necesidad de que se legisle para impedir que se cometan abusos contra mujeres y menores de edad.
Al menos nueve ministros se han pronunciado por invalidar primer artículo 380 bis del Código Civil del estado de Tabasco, porque no corresponde al legislador local regular los aspectos técnicos del proceso de gestación que implica la gestación subrogada, ni tampoco la condición médica de aquellos que puedan acceder a dicha técnica de reproducción asistida.
También invalidó una porción normativa del párrafo tercero, al excluir de manera injustificada a mujeres la posibilidad de expresar su consentimiento para que sus gametos puedan ser utilizados después de su muerte en un procedimiento de inseminación.
Tabasco es la primera entidad que legisló sobre el asunto, y que provocó que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) impugnara a través de una acción de inconstitucionalidad, reclamado una invasión de facultades.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa dijo que la biotecnología ha fortalecido uno de los derechos más importantes que inciden en el libre desarrollo de la personalidad de mujeres y hombres, así como en el respeto a su vida privada, como es el de poder fundar una familia a través de las técnicas de reproducción asistida.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena adelantó que votará a favor del todo proyecto, pese a que la legislación del artículo 380 Bis del Código Civil del estado de Tabasco “no es forzosamente perfecta, sino perfectible”.
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El ministro consideró que el proyecto de la ministra Norma Piña asegura un régimen jurídico coherente para contenidos mínimos para la gestión subrogada y depura la discriminación por género, edad, orientación sexual e identidad.
Indicó que quizá convendría añadir algunas pautas mínimas de actuación para las autoridades que supervisan la validez de los contratos de maternidad subrogada.
“Me parece particularmente destacable la participación a lo largo del proyecto, de preservar, porque no decirlo, defender como derecho constitucional, la autonomía y libertad de las mujeres y las personas gestantes para definir y perseguir su proyecto de vida, determinación que seguramente tendrá impacto en decisiones futuras”, expresó.
El ministro Luis María Aguilar Morales también se pronunció a favor del proyecto, y apuntó que la resolución de la Corte se convertirá en un “parteaguas”, como aseguró su homólogo Ortiz Mena, ya que fue elaborado con mucho detalle.
El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, mencionó que el primer apartado del proyecto donde se desarrolla el marco teórico de la gestación por sustitución, reviste una enorme importancia, por lo que es importante que brinde claridad de los derechos involucrados, a fin de que sirva de referente para los legisladores y a los aplicadores del derecho, en torno a como regular la gestación subrogada y resolver los conflictos que se susciten en torno a esta.
Sin embargo, criticó que el proyecto desarrolla la gestación subrogada únicamente desde la perspectiva de los derechos reproductivos y sexuales, dejando de lado “y por tanto invisibilizando otro tipo de derechos involucrados”, como las mujeres gestantes que han sido víctimas de practicas violatorias de su salud, dignidad e incluso libertad personal, y de los niños y niñas nacidos bajo estas técnicas, entre otros puntos, además de que no retoma estándares de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La ministra Norma Lucía Piña reviró la crítica y reconoció primero al ministro Alfredo Gutiérrez, de quien dijo es la persona más conocedora del tema y después agradeció a otros ministros.
Dejó claro que este asunto tiene cinco años en la Corte y apuntó que a partir del marco teórico del proyecto no se puede establecer juicios de valor. La sesión se reanudará el próximo jueves.