La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya “quedado a deber” en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa; mientras que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan también aseguró que la “verdad alterna” de la cuarta transformación ya perdió fuerza.
“Aún existe la necesidad de verdad y justicia, de familias que no se cansan de luchar contra un sistema de procuración de justicia que, aún con la voluntad y valentía de funcionarios, incluso de oficinas gubernamentales completas, les queda mucho en deber”, expresó el representante de la ONU DH, Guillermo Fernández-Maldonado.
Durante la presentación del informe de actividades del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fernández-Maldonado destacó la importancia de que la voluntad política vaya de la mano con resultados e información sustancial y relevante para la investigación del caso.
El representante de la ONU DH señaló que existen “pactos de impunidad y silencio” que impiden a las familias conocer el paradero de sus hijos, por lo que es fundamental que la Fiscalía General de la República garantice que todo su personal y oficinas más allá de la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa estén al servicio de la justicia y la verdad de este caso.
Además, pidió a las autoridades utilicen todas las herramientas del sistema jurídico mexicano para identificar y erradicar la complicidad entre actores no estatales y estatales que obstaculicen el avance del caso.
Del mismo modo, solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contribuir al caso mediante el acceso libre a toda la información relevante conforme a la ley, las omisiones o negligencias que dificulten o impidan el acceso a la información, deben ser investigadas y sancionadas.
Ayotzinapa, la justicia que se aleja
Tlachinollan dedica un espacio al caso de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, donde detalla que, pese a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, el caso aún no se esclarece.
Además, señala que la tesis más consolidada cuya base descansa en el testimonio de Juan 'N' que es Gildardo López Astudillo (El Gil, del grupo criminal Guerreros Unidos), perdió fuerza debido a las comunicaciones entre El Gil y Francisco Salgado Valladares, subdirector de la policía municipal de Iguala que el Ejército reveló.
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Sin embargo, pese a los obstáculos, el documento detalla que se ha consolidado una nueva indagatoria que se sustenta principalmente en tres líneas de investigación que se fortalecen con el impulso de las pesquisas: el crimen organizado vinculado con agentes estatales, el Ejército mexicano y la Policía Federal.
Para Tlachinollan, las reuniones de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) y el Presidente son espacios de diálogo de gran trascendencia, permiten hacer un diagnóstico de los avances en las búsquedas y las investigaciones, así como los obstáculos que se presentan; en estas reuniones se logró que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tuviera acceso a los archivos del Ejército mexicano.
“La CoVAJ deberá dar seguimiento a los incentivos legales para informantes y colaboradores eficaces, visitas a detenidos por el caso Ayotzinapa en los distintos penales para seguir buscando información, es necesario apostarle al rompimiento de los pactos de silencio y mantener las búsquedas en terreno, redoblando la seguridad perimetral a personal de búsqueda y contar con peritos calificados y de confianza que asegure el éxito de las diligencias”, menciona el informe.
DMZ