El gobierno federal exigió 30 millones de dólares como reparación del daño por la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados, lo que provocó que Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), denunciara que se trata de una “extorsión”.
“UIF y Pemex, desde enero de 2022, pidieron por escrito 3.4 millones de dólares. Me parece ilegal, inmoral y me parece que raya en extorsión.
“Acepté pagar el 100 por ciento de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño ¿Por qué el incremento? ¿Por qué la cuasi extorsión?", preguntó Emilio Lozoya.
Ante la falta de explicación de las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera y de Pemex por incrementar en 200 por ciento la reparación del daño, Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, decidió no llevar a cabo la audiencia intermedia.
Además, porque la Fiscalía General de la República (FGR) no participó en las negociaciones donde el ex funcionario trató de lograr un acuerdo reparatorio para suspender la causa penal que enfrenta por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“De manera dogmática se dice que es la postura del gobierno federal…Yo debería verificarlo…Se requiere de fundamentación y motivación”, manifestó el juzgador.
Aunque los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso, además de Lozoya pidieron que iniciara la audiencia intermedia para que la FGR presentara su acusación formal del caso, el juez explicó que era necesario garantizar los derechos del imputado.
Alarcón López subrayó que la autoridad “tiene que sustentar dicha cantidad".
“Sí se requiere la fundamentación porque si no, la Fiscalía genera incentivos perversos como en el sistema anterior y se podría fijar cualquier cantidad de manera arbitraria.
"Incluso si el Estado mexicano no quiere celebrar el acuerdo también deben dar una justificación al igual de por qué no estuvo presente la FGR.
“Debió tener intervención la Fiscalía porque es el rector de la propia investigación, veo que UIF y Pemex van por cuerda separada de la fiscalía y eso tampoco es correcto”, advirtió el juez.
A su vez, Emilio Lozoya, quien aparentaba estar molesto, aseguró que al haber intentado llegar a un acuerdo, esto no es aceptar culpabilidad.
“Fue idea de mi familia por el acoso político que estamos viviendo”, enfatizó el ex funcionario.
Al final, la defensa presentó dos incidencias con la intención de que declarara la prescripción del presunto delito y para que no se reconociera como víctimas a la UIF y Pemex, pero su petición no prosperó.
El juez citó a las partes el 31 de agosto para la celebración de la audiencia intermedia, lapso que tendrá la FGR para participar en las negociaciones del acuerdo reparatorio.
JLMR