Inhabilitan por 10 años a Guillermo García Alcocer, ex titular de la CRE

La Secretaría de la Función Pública lo acusa de autorizar permisos para comercializar combustibles en favor de una empresa de un familiar suyo.

Guillermo García Alcocer.
Rafael Montes
México /

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que aplicó una sanción de 10 años de inhabilitación al ex titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, por un supuesto conflicto de interés durante su desempeño al frente de dicha comisión.

La SFP lo acusa de autorizar permisos para comercializar combustibles en favor de una empresa de un familiar suyo.

​García Alcocer asumió la presidencia de la CRE en abril de 2016 y renunció en junio de 2019 por una relación ríspida con el presidente Andrés Manuel López Obrador , quien acusó que la comisión actuaba "como empleado de los particulares" y que éste y la Comisión Nacional de Hidrocarburos eran reguladores "tomados", por lo que "urgía" renovarlos.

En un comunicado, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, expresó que “para la Función Pública es prioritaria la erradicación de los conflictos de interés, sobre todo alrededor de la mal llamada Reforma Energética que buscó que unos cuantos se llenaran los bolsillos desviando los recursos públicos”.

La SFP detalló que la sanción al expresidente de la CRE “es resultado de una detallada investigación y procedimiento sancionatorio en el que se constató que el ex servidor público participó en la autorización de permisos para comercializar combustibles en favor de una empresa de un familiar suyo”.

Agregó que “al participar en este tipo de trámites sin excusarse, como lo exige la norma, se violentó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos”.

Esa ley, añadió la SFP, aplicaba para todas las personas que se desempeñaban en la Administración Pública Federal, incluidos los órganos reguladores de energía.

La dependencia aseguró que “respetó a lo largo de todo el procedimiento el derecho a una defensa adecuada por parte del ex servidor público sancionado, quien siempre tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas”.

​bgpa

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