El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, promovió un juicio con la intención de que se destituya del cargo y consigne a autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) porque no acataron una sentencia de amparo.
Erik Zabalgoitia Novales, juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, dio entrada a la petición de juicio de inejecución de sentencia, y ahora remitirá el expediente a un Tribunal Colegiado para que determine si el asunto debe ser enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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En caso de que los magistrados federales consideren que el asunto debe estar en manos de la Corte, los ministros del Alto Tribunal deberán resolver si las autoridades deben o no ser separadas del cargo y consignadas ante un juez federal por incurrir en desacato.
En su momento, el juez Erik Zabalgoitia amparó a Guillermo Padrés contra el auto de formal prisión dictado en su contra por los delitos de defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 8.8 millones de dólares.
La sentencia fue ratificada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, motivo por el cual Guillermo Francisco Urbina Tanús, juez 12 de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Reclusorio Oriente, decretó auto de formal libertad a favor del ex gobernador, por no haber elementos para procesarlo por dichos ilícitos, resolución que emitió en 2018.
El juez de amparo detectó que la entonces Procuraduría General de la República (PGR), incurrió en irregularidades porque la averiguación previa consignada no inició de una denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Es decir, no existió una querella para dar pie a la pesquisa.
Tanto como el juez como el Tribunal coincidieron que la investigación de la PGR carecía de requisitos formales de procedibilidad para acusar al ex mandatario.
Guillermo Padrés aún tiene pendiente un juicio por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 11 millones 186 mil 895 pesos, el cual se desahoga en el juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en el Estado de México.
AESC