Beatriz Madero Garza era la víctima perfecta: heredera de una poderosa minera y también sobrina del expresidente Francisco I. Madero, icono de la Revolución. Se subió a su ‘Volkswagen Caribe’, último modelo y color verde perico, medio feo pero que andaba de moda por entonces. Salía de trabajar en la compañía Autlán, en la avenida Mariano Escobedo de la colonia Polanco. Era la noche del 23 de octubre de 1981.
Condujo hasta la avenida Campos Elíseos. De pronto, un hombre se le atravesó por la calle. Beatriz se recuperaba del frenón y del susto, alcanzó a ver por el retrovisor cómo un ‘Datsun’ quería cerrarle el camino por atrás. Lo que vendría después pasaría muy rápido. Un hombre abrió la puerta del copiloto y se subió, otro abrió su puerta y ella quedó en medio de los dos desconocidos. Le colocaron una cinta adhesiva en la boca y le inclinaron la cabeza sobre sus rodillas hacia el piso. Esto era un secuestro.
El ‘Volkswagen Caribe’ inició la marcha hasta llegar a una iglesia, ahí la bajaron para subirla a otro automóvil color blanco. Beatriz creyó que estaba cerca del Periférico, porque por ese camino, derechito, el carrito avanzó hasta Cuernavaca, Morelos, adonde la llevaron. Tres mujeres la cuidaron durante los días que estuvo privada de la libertad y todas tenían, según recordó, un acento marcado que delataba su nacionalidad: eran argentinas o chilenas.
Según la versión de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Dirección General de Policía y Tránsito, el secuestro lo ejecutaron tres guerrilleros argentinos –Ángel Porcceu Sukka, Ramón Antonio Beviglia y Ariel Morán Silvestre–, quienes trabajaban bajo las órdenes de Roberto Guevara de la Serna, quien era nada más y nada menos que hermano del ‘Che’ Guevara.
Estaba asilado en México. Un hombre de 50 años, abogado de profesión. Los argentinos buscaban fondos para el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Argentina y su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo, para seguir financiando su lucha en contra de la dictadura cívico-militar que gobernaba su país.
Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que reconstruye este caso gracias a la desclasificación de expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Casos como éste revelan que en México la verdad oficial está en obra negra.
Los secuestradores pidieron 550 mil millones de pesos
Eligieron secuestrar a Beatriz Madero Garza porque leyeron en los periódicos que su padre, Enrique Madero Bracho, era un hombre muy rico. Realmente no había nada personal: habían visto que su compañía, una minera llamada Autlán, proyectaba invertir 550 mil millones de pesos viejos en su negocio.
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Así que comenzaron a investigar a los miembros de la familia, concluyendo que la persona que menos problemas daría al secuestrarla sería Beatriz, una joven muy bella, de vestir discreto y sonrisa tímida, según las fotos en las que aparecía en las revistas de sociales de la época. Su padre la había nombrado administradora de la empresa familiar, que se encontraba en la calle Mariano Escobedo, adonde Beatriz iba a trabajar todos los días en ese mismo ‘Volkswagen Caribe’.
Durante los preparativos para el secuestro, se plantearon dos posibilidades: secuestrarla de camino al trabajo o de regreso a casa. Se eligió la segunda.
A la operación la llamaron “Expropiación”. Siguieron todos los movimientos de Beatriz desde un restaurante Vips que estaba al lado de sus oficinas, según declaraciones de un guerrillero, Italo Morán. Ahí se reunieron con otros compañeros del movimiento, Ángel Porcceu Sukka, Ramón Antonio Beviglia y Ariel Morán Silvestre, e incluso Paula Guevara, una sobrina del ‘Che’ Guevara.
Según la declaración de Enrique Madero Bracho y de su esposa, Lucila Garza de Madero, los padres de Beatriz, ese 23 de octubre a las 19:15 horas sonó el teléfono de su casa. El número desde el que llamaban les resultó extraño: un 520-1828 que nunca antes había registrado su teléfono. El jovencito de la familia, Arturo de 14 años, contestó y sin rodeos un hombre le dijo del otro lado de la línea:
–¿Es la casa de la familia Madero?
El chico contestó que sí.
–Tenemos en nuestro poder a la señorita Beatriz Madero, no comuniquen a la policía, yo hablaré posteriormente con la clave ‘J’ –le advirtió.
El señor Madero esperó la llamada y aunque volvió a sonar, nadie habló del otro lado del teléfono. Por eso el 24 de octubre, un día después del secuestro, decidió pedir auxilio a nada más y nada menos que al presidente de México, José López Portillo.
Según la versión del propio empresario, el presidente le dijo que tuviera confianza en la policía mexicana. El caso terminó llevándolo a la DFS, la agencia de espionaje mexicana. Como el señor Enrique era importante, el propio Miguel Nazar Haro, entonces director de la DFS, se encargó de la operación.
Un operativo en la entrada del Bosque de Chapultepec
Sonó finalmente la llamada de los secuestradores, pero la DFS y todo el gobierno ya estaba enterado: a las 20:15 horas la policía pudo grabar la llamada en la que un hombre con acento sudamericano les dijo: “En la calle de Tacuba y Eje Vial Lázaro Cárdenas. En una entrada de automóviles, se encuentra una llanta y debajo de ella hay un comunicado”.
La grabación fue sometida a un análisis fonético en el Laboratorio de Criminalistica de la DFS, que dictaminó que correspondía a un individuo del sexo masculino, cuya edad rondaba los 30 y 35 años, sudamericano, argentino o chileno, “por el uso del lenguaje y por la suavidad al pronunciar las últimas sílabas de las palabras”, consignó.
El señor Enrique Madero inmediatamente se trasladó hasta el lugar donde encontró un sobre manila con una carta de su hija. Sí, era su letra y estaba escrita en cursivas.
“Octubre 24 de 1981. Muy queridos mamá y papá, lo único que les puedo decir, es que los quiero mucho y que los extraño y tengo muchas ganas de verlos. Yo estoy muy bien pero mucho muy [sic] nerviosa, claro que me controlo mucho”.
Los secuestradores revelaron la cifra para dejarla en libertad: 40 millones de pesos viejos. Volvieron a llamar y le ordenaron al señor Madero que fuera hasta el pedestal de una de las estatuas en Paseo de la Reforma, en la entrada del Bosque de Chapultepec. Un león que tenía las fauces abiertas.
“Papi. Te prometo que me estoy portando muy bien para que no me hagan nada y poderlos ver muy pronto. Te suplico que sigas las indicaciones para que pronto esté con ustedes, los extraño y quiero muchísimo. Besos, salúdame a Osvaldo, dile que también a él lo quiero muchísimo. Los adora. Beatriz”.
El 27 de octubre de 1981, la DFS y la policía del Distrito Federal llevaron a cabo un operativo de inteligencia hasta la entrada principal del bosque. Ahí detuvieron a quien se identificó como Giovanni Rosas. La familia Madero le hizo creer que le entregarían el dinero del rescate. Este reveló la ubicación de Beatriz, una casa en el fraccionamiento Los Faroles en la ciudad de Cuernavaca. Ese día hubo un tiroteo pero nadie murió.
Quien se encargó de las detenciones fue el propio Arturo ‘El Negro’ Durazo, entonces jefe del Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal, quien se había hecho una temible fama por sus torturas en los sotanos de la Policia.
Las autoridades se ensañaron con decenas de detenidos sólo por ser argentinos. Los primero detenidos fueron Giovanni Rosas, Ariel Italo Morán, Julio Santucho, Angela Donatella, Susana Berlak, Miriam Berlak, quienes aseguraron que habían sido torturados por ‘El Negro’ Durazo.
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Declararon que habían salido de la Argentina durante la dictadura y que habían sido expulsados de varios países por sus “tendencias comunistoides”, dicen los documentos. ‘El Negro’ Durazo los acusó a todos por igual de guerrilleros, gente que escapó de su país porque habían creado una asociación en contra de la junta de gobierno, dijo sin miramentos.
Los trasladaron al Reclusorio Norte “por guerrilleros”
El 31 de octubre de ese año en un escueto comunicado de prensa, Durazo anunció que tenía un detenido más y su apellido era polémico: Roberto Guevara de la Serna, hermano del ‘Che’ Guevara, presidente del PRT y quien estaba en México como asilado político. Era el autor intelectual del secuestro de la heredera minera, dijo.
Para el 3 de noviembre, Beatriz finalmente estuvo frente a sus plagiarios: solo reconoció a Ariel Morán Silvestre, a Ángel Porcceu Sukka y Ramón Antonio Beviglia. De hecho, el mismo Porcceu exculpó a Guevara de la Serna y aseguró que nada había tenido que ver. Explicó que, aunque lo conocía, entre sus preceptos políticos estaba la no aceptación de la violencia y la condena abierta de actos delictivos. Por eso se había alejado de él.
Tanto Guevara como Julio Santucho, otro de los detenidos, ese día desde la rejilla mostraron las marcas en su cuerpo, la huella innegable de que Durazo los había torturado. Guevara dijo que su esposa y su niña de cuatro años también fueron torturadas y encarceladas. Guevara y los demás fueron trasladados al Reclusorio Norte por “revolucionarios”, como se burlaron los periódicos de la época.
Sin embargo, Roberto Guevara envió una carta al presidente López Portillo y solicitó su intervención para que se hiciera justicia, ya que ni siquiera Beatriz lo había identificado como su secuestrador. Escribió que las acusaciones habían sido por su militancia, revolucionaria en el PRT de Argentina, y que estaba seguro que era parte de un plan de la dictadura para desacreditarlo justo en un momento en que el gobierno facista enfrentaba una crisis profunda.
Aseguró que al menos él y Santucho se habían asentado en México exclusivamente con la tarea de relacionarse con todas las fuerzas democráticas, incluido el PRI, sin que jamás se hubiera inmiscuido en los asuntos internos del país que generosamente les dio asilo.
“No podemos menos que resaltar que hemos sido interrogados en la DIPD [Dirección de Investigaciones Políticas de la Policía del DF] por miembros de la Embajada Argentina, que no sabemos si pertenecen a los servicios de seguridad”, escribió a López Portillo.
De Roberto Guevara, la prensa no volvió a hablar y los expedientes no dan cuenta que sucedió, si fue sentenciado o exculpado, un día simplemente apareció en la prensa argentina dando declaraciones cuando cayó la Junta Militar en 1983.
GSC/LHM