DOMINGA.– Fernanda tenía catorce años cuando se quedó a cargo de la casa y de su hermana chica, mientras su mamá –una buscadora– salía a indagar el paradero de su padre. Hoy aún pega fichas en los postes de las calles esperando encontrarlo. Diego Yael, por su parte, utilizó sus estudios de Ingeniería y su entrenamiento físico para meterse a cañadas de difícil acceso, abrir bolsas en depósitos de basura y trazar mapas de búsqueda que las fiscalías ignoran.
En Ecatepec, Fátima aprendió a cocinar a los diez años para recibir a su mamá cuando llegaba agotada de recorrer los ministerios públicos, y a sus dieciséis devora tomos de investigación mientras se prepara para estudiar Psicología. En Coahuila, luego de la desaparición de su hermano y su sobrino, Jorge Verástegui dejó la Medicina para estudiar Derecho y cofundó un colectivo que suma quince años de litigio técnico para encarar las omisiones del Estado.
Fernanda, Diego Yael, Fátima y Jorge son hijos de la desaparición. Cuatro historias que retratan a una generación de jóvenes que vieron interrumpida su adolescencia para encarar un país con más de 135 mil personas desaparecidas y no localizadas, adentrándose a rastrear en cauces de aguas residuales, vertederos clandestinos, tiraderos a cielo abierto y predios abandonados. Dejaron las aulas o las tardes libres para aprender a rastrear cerros, revisar expedientes y organizar el relevo en las brigadas de campo. Son relatos que muestran cómo se toma la responsabilidad de buscar a un familiar sin convertir el dolor en un destino obligatorio.
Tras años de una crisis que parece no tener fin en el país, estos relatos exponen el surgimiento de un relevo generacional en la búsqueda de los desaparecidos. Son jóvenes que tomaron la estafeta sin pedir permiso. Transforman la impotencia en organización, técnica y dignidad frente a la impunidad del Estado.
Repartir volantes y escuchar los rumores de los vecinos
UNO. “No encuentran a tu papá”. La frase cayó como un hachazo la tarde del 5 de diciembre de 2019 en Los Héroes Tecámac, Estado de México. Fernanda Mesa tenía catorce años y vestía los colores grises y verdes del uniforme de la secundaria cuando escuchó la frase que redefinió su vida. Su mamá fue a recogerla al plantel como cualquier otro día, pero dejó pasar unos minutos antes de soltar aquellas palabras.
Felipe Castro Jaramillo tenía cincuenta años y manejaba un taxi alrededor de su colonia. No era su padre biológico pero llegó a su vida cuando ella tenía cinco años y para Fernanda simplemente era su papá. Aquella mañana salió muy temprano a trabajar. Su primer y único cliente del día fue un policía que salía de turno del módulo policial frente a la base de taxis. A los pocos minutos de avanzar, el vehículo fue interceptado. Tiempo después, las autoridades ubicaron el taxi abandonado en otro punto, pero sobre Felipe no hubo una investigación concreta, únicamente los rumores de los vecinos que escuchaba durante los volanteos.
Fernanda no logró dimensionar la gravedad de esa ausencia: “sentía que era algo pasajero, que en mi papá iba a abrir la puerta”. La incertidumbre se instaló esa misma noche en la sala al ver a su madre insomne, consumida por una preocupación que la llevó a descuidarse por completo desde el primer minuto.
La desaparición ocurrió a inicios de las vacaciones decembrinas. Las oficinas gubernamentales cerraron sus puertas. Al ser siete años mayor que su hermana, Fernanda entendió que debía asumir una madurez para sostener su casa. “Entendí que tenía que volverme el soporte de mi mamá para no dejarla caer”. Mientras los adultos salían a rastrear veredas, la niña se quedó a cargo de la cocina, el cuidado de su hermana que entonces estudiaba la primaria y de guardia junto al teléfono esperando noticias de su madre. El impacto emocional venía cargado de una culpa.
Meses antes de la desaparición, la relación entre Fernanda y su papá se había vuelto muy complicada por las presiones económicas del hogar. Felipe era meticuloso y ordenado con la casa, mientras que Fernanda, en plena adolescencia, chocaba constantemente con sus regaños. Las tensiones escalaron hasta una discusión fuerte dos meses antes de aquel diciembre. Dejaron de hablarse. No coincidían a la hora de comer y, si se cruzaban por los pasillos, ninguno volteaba a verse. La oportunidad de reconciliarse ya no fue posible.
En los primeros meses cayó en una desorientación. De vuelta a la secundaria, las distracciones y la angustia terminaron por reflejarse en sus calificaciones escolares. Sus profesores se acercaron a platicar con ella. “Me pusieron los pies en la tierra y me hicieron ver las cosas”, señala Fernanda sobre el momento en que comprendió que no podía sumarle más cargas emocionales o preocupaciones a su madre.
Llegó la pandemia de 2020. Entonces su madre se integró al recién nacido colectivo de búsqueda Mariposas Buscando Corazones y Justicia, conformado por familiares de personas desaparecidas que realiza búsqueda en campo y en vida. Fernanda veía la perseverancia de su mamá. Quería ser un apoyo.
Pegar carteles de búsqueda, poste por poste bajo el sol
Con los años el dolor se convirtió en parte de la cotidianidad. Fernanda ingresó a la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM para estudiar Relaciones Internacionales. Mientras avanzaba entre exámenes y trayectos largos en el transporte público, mantenía un ojo puesto en las aulas y otro en el caso de su papá. Aprendió a hacer un malabar constante: coordinar los horarios escolares de su hermana, apoyarse con una vecina solidaria para la comida y avisar a sus profesores cuando las diligencias obligatorias ante las dependencias oficiales le impedían llegar a clase.
Fernanda permaneció en la orilla como una observadora atenta. Escuchaba los relatos de su madre al volver de las jornadas: los hallazgos en canales de agua cerca de Coacalco, la localización de fosas y la solidaridad de vecinos que salían a ofrecer agua o palas. Notaba también las secuelas físicas que la búsqueda le dejaba en las rodillas, el insomnio recurrente y la tensión en la espalda. “Veía el cansancio de mi mamá y lo que sufría en cada salida”, dice.
Al cumplir veintiún años, Fernanda aprovechó las vacaciones y dio un paso al frente: se incorporó de lleno a las actividades del colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia. Su primer pegado de fichas ocurrió en junio en la Magdalena Contreras, en la Ciudad de México, para difundir el rostro de su padre. Tras el despliegue del protocolo oficial, eligió la labor más pesada: caminar con el rollo de cinta adhesiva transparente en la mano, encintando poste por poste bajo el sol para asegurar que la ficha de Felipe Castro Jaramillo quedara protegida contra el agua y el viento.
Semanas después llegó su primera búsqueda en campo en un predio baldío de Chalco. Con botas, cubrebocas y gorra, caminó entre perros entrenados, palas y picos levantando tierra. La jornada concluyó sin hallazgos luego de tres horas de rastreo bajo el calor. “Sientes un agotamiento muy pesado, no sólo en el cuerpo sino en la mente”, expresa sobre la carga emocional de esas brigadas.
Aquellas experiencias terminaron por transformar la visión que tenía sobre su historia y su futuro. Comprendió que dentro del colectivo se teje una red de acompañamiento mutuo. “Te vuelves hermana del mismo dolor con las demás familias”, dice. Al avanzar en su carrera, entendió que el conocimiento académico en Derecho Internacional y Políticas Públicas podía transformarse en una herramienta concreta para redactar propuestas e impulsar leyes que apoyen a las madres buscadoras.
“He escuchado comentarios que dicen: ‘Siempre seré empática con ese tipo de movimientos porque lo único que me separa de ellos es la suerte’. Es algo real”, reflexiona. A casi siete años de aquella última discusión que no pudo resolver, ya no guarda resentimiento con su padre ni con ella misma: “Si hoy le pudiera decir algo, le diría que fue un hombre increíble y que el perdón ya tuvo lugar”.
“Si nadie lo quiere hacer: yo entro y yo bajo”
DOS. El trabajo de campo de Diego Yael Villanueva Fernández, de veinticinco años, abarca terrenos complejos: cauces de aguas residuales, vertederos clandestinos, tiraderos a cielo abierto y predios abandonados. En mayo de 2022, durante una prospección en el municipio de Tlalnepantla, revisó bolsas acumuladas en un depósito de basura bajo altas temperaturas y abrió paquetes hinchados para verificar el origen de los restos en descomposición. “Huele mal y se te queda impregnado el olor”.
En otra ocasión, en un inmueble asegurado que contenía botes de ácido y decenas de tambos infestados de cucarachas, trabajó durante varias jornadas vaciando recipientes con grasa quemada, agua estancada y fragmentos óseos para su análisis forense.
Tenía diecinueve años cuando su abuelo, Julio Fernández Abarca, un albañil y herrero de casi setenta años, fue a cobrar un trabajo pendiente cerca de Chalco, Estado de México, y no regresó. Era el inicio de la pandemia. Yael casi concluía sus estudios en el Centro de Bachillerato Tecnológico y repasaba temarios para los exámenes de admisión a la universidad.
Su vida transcurría entre sus estudios y una disciplina deportiva que lo llevaba a explorar los límites físicos mediante el senderismo, el atletismo, la natación, el ciclismo y las primeras caminatas de montaña en las faldas de la zona de los volcanes. La desaparición de su abuelo interrumpió su progreso académico y deportivo. Tras los primeros recorridos nocturnos por agencias del Ministerio Público, Diego Yael decidió acompañar a su madre en las labores de rastreo.
“No me gustó dejarla sola”, dice. En ese periodo las comisiones oficiales de búsqueda estaban recién creadas y carecían del equipo o del personal dispuesto a incursionar en parajes de acceso riesgoso. Su primera incursión de campo ocurrió en un canal de aguas negras que corre desde Temamatla hasta Chalco. Sin indumentaria especializada y únicamente con pantaloneras para evitar la filtración de líquido, caminó durante más de cuatro horas entre el barro y los desniveles del cauce para descartar la presencia de restos.
Esa experiencia derivó en una decisión práctica: perfeccionar sus habilidades de desplazamiento e inspección para ponerlas al servicio de las jornadas de búsqueda. Por su cuenta comenzó a revisar manuales de rescate en montaña y ríos, a estudiar el manejo de cuerdas y a familiarizarse con la logística de primeros auxilios y control de riesgos. Con la orientación de Protección Civil y rescatistas de alta montaña, adiestró su técnica de rapel, escalada e inspección técnica en barrancas, laderas y tiros verticales. “Se ha tratado de perfeccionar, mejorar lo que ya sabía”.
Al mismo tiempo, ingresó a la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en el Instituto Politécnico Nacional. Aunque su meta inicial al elegir la carrera era especializarse en Ingeniería de audio por su afición a la música en vivo, los conocimientos adquiridos en las aulas tomaron una dirección distinta. Diego Yael empezó a utilizar los lenguajes de programación y las herramientas de geolocalización para elaborar mapas de búsqueda, sistematizar datos de sábanas de llamadas telefónicas y delimitar polígonos de prospección más precisos.
“Estas herramientas me sirven para agilizar ciertos puntos de la búsqueda”, detalla. “Si nadie lo quiere hacer, yo entro y yo bajo”.
Hoy, Diego Yael se mueve en tres frentes: como víctima indirecta que revisa la carpeta de investigación de su abuelo, como voluntario independiente con entrenamiento técnico y como enlace de apoyo para colectivos. Para financiar el mantenimiento de su equipo, la compra de cuerdas y de insumos de primeros auxilios, realiza trabajos informales, mientras cursa la mitad de la ingeniería en el Poli.
Las dinámicas de Yael se centran en la preparación técnica y el estudio. La falta de tiempo dificulta tener relaciones afectivas o pareja. Esta rutina es una consecuencia directa del compromiso asumido a partir de la búsqueda de su abuelo. Hoy, distribuye su tiempo entre los laboratorios universitarios y el descenso a barrancas de difícil acceso para localizar restos y dar respuestas a otras familias. “Cuesta mucho ver a una madre llorar, a un hermano llorar cuando llegamos a localizar este un resto óseo”, reflexiona sobre el impacto emocional de su labor.
Escuchar a otros para ayudarnos a pasar los momentos difíciles
TRES. Un vehículo de aplicación fue el último rastro de Alitze Hernández Aceves la tarde de mayo de 2020 en que salió de Ecatepec hacia la Ciudad de México. Tenía veintidós años y estaba a un paso de titularse como psicóloga en la UNAM. En casa, la incertidumbre quebró todo de golpe. “Fueron muchísimos cambios, ya no sabíamos nada de mi tía”, recuerda Fátima Hernández, su sobrina, hoy de dieciséis años, pero en aquel tiempo tenía apenas nueve y cursaba el cuarto grado de primaria.
Entre ambas existía una complicidad construida desde la pasión por el baile. “Éramos muy unidas, teníamos pasión por la danza”, cuenta Fátima. Sin embargo, la violencia dentro de la relación de pareja de Alitze había empezado a distanciarlas antes de su desaparición: “Ya no estaba tanto en la casa y cuando estaba se la pasaba dormida, se la pasaba triste”. Tras la ausencia, Jessica, la madre de Fátima, volcó su vida entera a buscar a su hermana. “Sentía mucha tristeza porque la veía mal”.
La partida de los abuelos maternos de la zona metropolitana dejó sola a Jessica frente a la maraña burocrática. Tras el término de las clases a distancia provocadas por la emergencia sanitaria del covid-19 y el regreso a las aulas, Fátima asumió el cuidado de su hermana menor y las tareas domésticas durante las ausencias prolongadas de su madre en los ministerios públicos.
“Siento que tuve que crecer muy rápido, madurar muy rápido porque mi hermanita estaba más chiquita que yo”, reflexiona. Buscaba evitar cargas adicionales en el trabajo de búsqueda familiar. “Tampoco quería darle un peso a mi mamá; no quería estar mal porque sabía que ella buscaba a mi tía”. A los diez años tomó las riendas de la cocina y el aseo para recibir a su madre tras jornadas agotadoras en las dependencias oficiales. “Hacía el quehacer, aprendí a hacer comida para que mi mamá llegara y ya no hiciera nada”.
Ya en la secundaria, Fátima tomó la determinación de guardar silencio entre sus compañeros respecto a lo ocurrido con su tía. “A mí nunca me ha gustado que la gente nos vea con lástima”. Pero el silencio sepultado y la presión del examen para la preparatoria le cobraron factura en la piel y la salud mental. El cuerpo somatizó el trauma: “Me empecé a estresar mucho, tuve problemas en la piel y ataques de ansiedad... me ponía muy ansiosa, empezaba a temblar, se me iba la respiración y empezaba a llorar mucho”. Hubo días de parálisis total: “A mi mamá le costaba mucho levantarme de la cama porque yo sentía que no podía”.
Su incorporación al rastreo comenzó en los trayectos y las salas de espera de las fiscalías. “Voy con mi mamá más que nada porque me gusta estar con ella, para que no se sienta solita”. Ahí, entre los pasillos del Ministerio Público de la Ciudad de México y de Toluca, Fátima encontró una forma directa de ayudar:
Si su madre requiere localizar un dato puntual entre cientos de páginas, ella examina los documentos a velocidad para agilizar la ubicación de la información.
Las largas jornadas de espera en las instituciones la pusieron en contacto directo con las historias de otros colectivos de familiares. Conocer a mujeres mayores cuyos expedientes llevan más de una década en el olvido por falta de dinero le generó rabia e impotencia. Tras seis años de idas y vueltas, la inercia del sistema convierte cada visita en una prueba de resistencia entre carpetas repetidas, resoluciones aplazadas y funcionarios apáticos.
A la par, su asistencia a las marchas del 8M transformó su visión sobre el autocuidado. Entre las protestas descubrió que no estaban solas, pero también la urgencia de protecciones estrictas en la calle. “Trato de cuidarme mucho, siempre le estoy avisando a mi mamá de todo”. Por eso comparte su ubicación en tiempo real y evita las salidas nocturnas, buscando no someter a su familia a una nueva angustia.
El punto de retorno a un lugar mejor llegó con la terapia. El tratamiento no solo frenó las crisis físicas, sino que derribó la barrera que el estrés había levantado con su madre. Al soltar el miedo de ser una carga y hablar abiertamente de la falta de su tía, el vínculo se volvió indestructible y Jessica se convirtió en su principal refugio.
Hoy las cosas han ido encontrando su cauce. A sus dieciséis, mientras cursa el bachillerato, Fátima ya trazó su camino. Quiere estudiar Docencia y Psicología al mismo tiempo para encauzar lo vivido hacia el apoyo a las infancias que atraviesan pérdidas o violencia. “Quiero usar todo lo que aprendí para que otros niños no tengan que pasar por esto solos y sepan que hay una salida”, afirma sobre una meta que, además, completa el sueño profesional que le fue arrebatado a su tía Alitze.
Tras ver los vicios institucionales, decidió estudiar Derecho
CUATRO. Jorge Verástegui González tenía dieciocho años, cursaba el último semestre del bachillerato en Monterrey y esperaba su examen de ingreso a Medicina, cuando la noche del 24 de enero de 2009 una llamada telefónica alteró el futuro. De regreso de una cena familiar en una ranchería cercana a Parras, Coahuila, su hermano Antonio, de cincuenta años, y su sobrino Antonio de Jesús, de dieciocho, viajaban de vuelta a su domicilio alrededor de las once de la noche cuando fueron interceptados en un tramo de carretera de terracería por el retén de un grupo armado compuesto por policías municipales y miembros del crimen organizado.
Jorge estaba de vacaciones en Parras. “En ese momento era pensar qué hacer”, recuerda hoy, a los 35 años, sobre el impacto inicial que detuvo sus planes universitarios. Al recibir el aviso cerca de la medianoche, la familia buscó de forma urgente el auxilio institucional. En las primeras horas, esperó una llamada de rescate que nunca llegó. Una vez formalizada la denuncia, las promesas de la policía de investigación sobre patrullajes y entrevistas a testigos quedaron en simulación. La inacción impulsó a la familia a realizar sus primeros rastreos, a recorrer brechas y a convocar a protestas públicas para presionar a las autoridades.
La respuesta de un comandante fue pedirles que no hicieran escándalo. Aseguró falsamente que las víctimas se encontraban bien y que su captura respondía a una equivocación del grupo criminal Los Zetas. Días después, la familia avanzó con denuncias ante la entonces PGR y exigía audiencias en Saltillo. El mismo funcionario se desdijo: sus palabras sólo habían sido “un aliento” sin sustento real.
Regresó a Monterrey a terminar el bachillerato pero, cada que era posible, regresaba a Coahuila a apoyar a su familia. Las indagatorias propias, dice, confirmaron la profundidad de los vínculos entre la policía local y la delincuencia organizada en la entidad. “Nos dimos cuenta de lo complicado que esto iba a resultar dado que había complicidad del mismo gobernador Humberto Moreira”.
En agosto de 2009, la familia acudió al obispo de Saltillo, Raúl Vera López, y a Blanca Martínez, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, donde ya documentaban un patrón idéntico de agresiones en diversas regiones de Coahuila. A partir de ese encuentro, Jorge comenzó a acercarse al trabajo de la organización. Fue así como su familia unió esfuerzos con los parientes de otras personas desaparecidas hasta salir a la luz pública. El 19 de diciembre de 2009 ofrecieron una rueda de prensa histórica para denunciar la crisis, un paso decisivo que dio origen al colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.
Para Jorge recordar estos momentos es fundamental porque el impacto de la desaparición y la profunda corrupción transformaron su vocación. Vio interrumpida su preparación para ingresar a la carrera de Medicina y decidió presentar el examen de admisión para Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. “Veía que era mucho mejor ir formándome para el caso y para la familia”. Durante los cinco años de la carrera dividió su tiempo entre las aulas en Monterrey y los municipios de Parras y Saltillo para dar seguimiento al expediente. “Tomaba teoría que no se reflejaba en la práctica”, apunta. En mayo de 2010 formó parte de una protesta a la Ciudad de México ante la CNDH y la ONU. Se extendía la exigencia a nivel nacional.
“El reto es quién sigue la búsqueda”
A los veinticinco años y con el título de abogado en la mano, Jorge no regresó a la rutina: transformó las leyes en sus armas de defensa. Asumió la dirección jurídica del Centro Fray Juan de Larios, y encadenó especialidades y maestrías en Coahuila y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sólo para tener más armas en una batalla desigual.
Durante más de quince años, su trabajo ha sido desenredar carpetas de investigación, rastrear patrones del crimen organizado y empujar a un sistema penal diseñado para la inercia. Sabe perfectamente cómo opera la maquinaria de la impunidad: si el familiar no presiona, la fiscalía echa llave al expediente. “Si tú como familiar no haces que se mueva el Ministerio Público, archiva tu caso y no ocurre nada”, sentencia.
Esa confrontación diaria con el aparato estatal y el dolor ajeno terminó por exigir un cobro de factura a su propia vida. Jorge tuvo que aprender a blindarse: cerró su círculo social a un puñado de personas, como medida de seguridad frente al trabajo de denuncia y para evitar el agotamiento físico y mental. “Tú mismo vas cerrando los círculos por temas de seguridad incluso”, detalla.
En los primeros años, el caso devoró cada minuto de su existencia. Tuvo que entender a la fuerza que resistir no es quemarse en el intento, sino aprender a desconectar para no claudicar. "Si no tenemos salud tanto mental como física, nadie va a seguir nuestra búsqueda", enfatiza.
Hoy, mientras las madres que abrieron brecha envejecen y enferman tras más de una década de rascar la tierra, el tiempo se agota y la pregunta decisiva cae con todo su peso sobre las nuevas generaciones. “El reto es quién sigue la búsqueda frente a esta carga de no obligar a tus hijos a asumir este terror”, lanza Jorge. Y con esto encara el dilema más cruel que ha dejado la crisis de desapariciones en México.
Para él, la verdadera resistencia no consiste en arrastrar a los hijos al calvario de la impunidad, sino en defender su derecho a un futuro distinto. “Hay una carga cultural frente a la familia, pero estas reflexiones de procurar que los hijos no estén en el circuito del dolor es muy importante”, afirma.
El dilema no es quién hereda la pala o el expediente, sino romper el mandato de la tragedia: que estar en una brigada o en un aula universitaria sea, por primera vez, una elección libre y no una condena de sangre.
GSC