Un sujeto, de nombre José Ángel “N”, fue vinculado a proceso por atacar a una enfermera la semana pasada, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco mediante un comunicado de prensa.
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El hombre fue capturado por policías de Guadalajara el pasado 23 de abril, luego de que fue señalado como la persona que presuntamente ocasionó las lesiones a una enfermera.
De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima se dirigía a su trabajo, en un empresa privada, y justo cuando se encontraba en el cruce de la avenida Artesanos y Hacienda Zenzontla, en la colonia Balcones de Oblatos, en el municipio de Guadalajara, fue abordada por el ahora imputado.
Cuando el sujeto la encaró comenzó a ofenderla con palabras altisonantes y después la amenazó de muerte.
No conforme con molestarla, José Ángel “N” le propinó dos codazos en el brazo derecho a la afectada, la orinó y le mostró su miembro viril.
Tras ser detenido, el sujeto quedó a disposición de un agente del Ministerio Público de la agencia especializada que atiende las agresiones a personal médico en la contingencia y reunió los datos de prueba necesarios para presentarlo ante el juez.
Una vez que se valoraron los datos presentados, el juzgador ordenó vincular a proceso a José Ángel “N” por los delitos de lesiones y delitos contra la dignidad de las personas. El sujeto permanecerá seis meses de prisión preventiva.
La Fiscalía del Estado informó a los trabajadores del sector médico y de salud que se cuenta con agencias especiales para denunciar las agresiones de las que puedan ser objeto durante esta contingencia.
Legislación
El pasado jueves diputados del Congreso de Jalisco impulsaron una iniciativa para endurecer sanciones a todos aquellos que cometan agresiones físicas contra personal médico con multas de hasta 17 mil pesos o cárcel hasta por ocho años.
Cuando la agresión ponga en riesgo la vida de la persona hasta serán hasta 6 años de prisión pero sí se trata de lesiones calificadas que se cometan por odio motivado por su profesión se sancionará al violentador con hasta ocho años. El Congreso envió un exhorto a los 125 municipios para que modifiquen sus reglamentos y castiguen con multas, trabajo comunitario o encarcelamiento las agresiones cometidas contra personal del sector salud.