El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, negó que los civiles armados en la Sierra de Leonardo Bravo sean policías comunitarios y los acusó de servir a intereses de narcotraficantes.
En entrevista, Rangel Mendoza lamentó el desplazamiento forzado de casi 2 mil personas en seis comunidades de la sierra de Leonardo Bravo, a causa de las agresiones y amenazas de los supuestos policías comunitarios que llegaron de Tlacotepec, Apaxtla, Cocula y Teloloapan desde el pasado 11 de noviembre.
"La gente tiene derecho a regresar a sus comunidades. El gobierno debe hacer un esfuerzo en lograr que se retiren los llamados policías comunitarios, que no lo son, porque sabemos que están al servicio de los narcotraficantes", afirmó.
Por ello, insistió en que el Estado debe de "aplicar la ley (...), agarrar y poner en otro lugar a los narcotraficantes" para que los desplazados regresen a sus hogares.
Rangel Mendoza reprochó que las agresiones armadas contra los pobladores ocurran enfrente del Ejército y de la Policía Estatal sin que estos intervengan.
"Ellos no quieren intervenir para no provocar más problemas. Pero yo creo que tienen que hacerlo de alguna manera, por medio del diálogo o como sea (...). Cualquiera que tira un balazo lo tienen que perseguir", sentenció el obispo.
Comentó que hace algunos días solicitó a las autoridades que resguardaran las entradas y salidas de la comunidad de Los Morros, pero a pesar de la presencia policiaco-militar "están baleando las casas en la nariz del Ejército y de la Policía del Estado".
Ante la inacción de las autoridades, el obispo Salvador Rangel Mendoza dijo que ya buscó el diálogo "con gente de más arriba", para resolver el regreso de los desplazados a sus comunidades.
Sin embargo, dijo que no ha tenido éxito porque "ellos simplemente dicen que (los pobladores) se vayan a otro lugar".
Insistió en la necesidad de buscar una tregua entre los grupos en conflicto, pero también llamó a hacer valer el Estado de Derecho en la zona.
jbh