En siete años, se duplican homicidios dolosos cometidos con arma de fuego

Los homicidios dolosos con arma de fuego en México se duplicaron en los últimos siete años. Los números totales revelan que de 9 mil 209 casos registrados en 2015, la cifra pasó a 18 mil 262 en 2022, lo que representa un aumento de 98.31 por ciento, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La mayoría de los asesinatos se cometen con armas de fuego que llegan a México de manera ilegal, casi siempre desde Estados Unidos. “Esto se debe a la falta de controles de ese país en la venta, pero también por la corrupción que hay del lado mexicano y que permite que estas armas pasen”, afirma Lucía Chávez Vargas, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

La especialista expone que en México se cometen 83 asesinatos al día. En el caso de los homicidios dolosos con arma de fuego, las fiscalías reportaron 18 mil 262 en 2022. Es decir, al menos 50 en cada jornada. Esto quiere decir que seis de cada diez asesinatos son perpetrados con pistolas, fusiles, rifles o ametralladoras, la mayoría provenientes de armerías de Estados Unidos. “Son cifras escandalosas”, exclama.

​El ascenso se explica en buena parte porque los contextos de violencia en México confirman que existe un conflicto armado en el que se ha hecho abuso de estrategias bélicas que han resultado en más muertes cada día, añade Chávez Vargas.

La especialista comenta que los homicidios y armas crean un problema complejo. La mayoría de asesinatos con arma de fuego sí está relacionado con la estrategia de seguridad en el país. Existe, explica, una diversificación de mercados criminales con una estructura de organización y que abastecen a los cárteles, que son los grupos que compran y adquieren armas de alto calibre utilizadas para matar.

A esto se junta, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, es decir, los feminicidios con arma de fuego en el núcleo familiar, y los asaltos a mano armada que terminan en homicidio. Las armas, señala, también tienen relación con la desaparición de personas.

“Es muy complejo porque las policías y el ejército muchas veces actúan en complicidad con los cárteles y organizaciones criminales y en este afán por combatir a estos grupos se arman de manera importante. Vemos a autoridades haciendo supuestas labores de seguridad ciudadana que cargan armas que son para matar”, dice.

Estos elementos han logrado cifras elevadas en los últimos siete años, sumando 137 mil 45 casos de 2015 a 2022, con un ascenso importante a partir de 2018.

“Al gobierno se le ha salido totalmente de control poder erradicar las violencias. Lo que estamos viviendo en el país es aterrador. Se compara con países que han sufrido conflictos armados”, indica Chávez.

Guanajuato, Baja California y Michoacán, los más violentos

“La violencia se concentra en algunos estados, que son los focos rojos y en los que vemos masacres cada semana. Por ejemplo, Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Michoacán”, enumera Chávez Vargas. Sostiene que en esas entidades la violencia está fuera de control porque la autoridad actúa en complicidad con los grupos del crimen organizado, o porque no se ha implementado la estrategia correcta para enfrentarla.

Según los datos del Secretariado Ejecutivo, las 17 entidades con más de 300 casos de homicidios dolosos con arma de fuego en 2022 fueron Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas.

De estos, sobresalen Guanajuato, con más de 2 mil casos, y Baja California, Chihuahua, Estado de México, Michoacán y Nuevo León, con más de mil registros cada uno.

Antes de la guerra contra las drogas, que comenzó en 2006, las cifras de homicidio iban a la baja. A partir de ese momento aumentaron por diversas causas. Por ejemplo, el involucramiento de las fuerzas de seguridad militar y pública en el combate al crimen, contextualiza Jorge Peniche, director ejecutivo de Justicia Transicional en México, organización que promueve el combate contra la impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos.

Hoy, más de seis de cada 10 homicidios en el país ocurren por arma de fuego, advierte el especialista, “un incremento sostenido que se relaciona mucho con la clara violencia con que funcionan distintos mercados y economías legales e ilegales en el país. No solo el narcotráfico y la trata”.

Peniche explica que existe un fenómeno asociado a por qué subieron tanto las muertes con arma de fuego en México: “Las sustancias ilícitas como drogas van de México a Estados Unidos y de allá para acá llegan muchos cargamentos de armas ilícitas”.

Es fácil, dice, adquirir un arma en el país de manera ilegal, y esto se asocia directamente a las muertes con arma de fuego. “El propio gobierno federal ha argumentado que se ha estabilizado la violencia homicida en México, que llegamos a un punto de inflexión, pero eso depende mucho del cristal con que lo midas”.

Se estabilizan, entre comillas, los homicidios, añade, “pero la cantidad de asesinatos con arma de fuego en el país por violencia criminal u otras violencias, como la feminicida, siguen siendo graves. Es clara la asociación entre el tráfico ilícito y mayor muerte con arma de fuego”.

Regular el acceso a armas, una solución

La Secretaría de la Defensa Nacional informó vía transparencia que de 2015 a marzo de 2023 aseguró 29 mil 478 armas largas y 16 mil 577 armas cortas provenientes de Estados Unidos.

Uno de los grandes problemas, señala Peniche, es el acceso a armas con mucha facilidad en el mercado ilegal. Eso, dice, es lo que hay que combatir mediante la regulación. “El tráfico ilícito de armas es un tema que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha abanderado para ponerlo sobre la mesa, cuando formuló una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para preguntarle cuáles son las obligaciones de las empresas que producen-fabrican armas en Estados Unidas y que llegan a México”, enfatiza.

—¿Qué más puede hacerse para revertir la situación?

—Otro punto es desincentivar que la resolución de los conflictos de seguridad en México sea de manera ilegal y mediante la violencia letal. Se ha discutido que pueda ser la justicia cívica la que desescale la naturaleza de estos distintos conflictos.

Además, recuerda, se ha hablado del desarme. “Ha habido intentos. La Ciudad de México tuvo una campaña local de desarme. Sin embargo, uno hace campañas de este tipo cuando hay incentivos para desarmarse. En el país no los hay. Por eso opino que, antes, hay que enfocarse en regular el acceso y en desincentivar”.

Peniche indica que, en Estados Unidos, es muy fácil conseguir un arma legal y que en México las regulaciones de acceso por mercado legal “son bastante astringentes porque están depositadas en las fuerzas castrenses”.

El problema, dice, es lo que legalmente pasa en Estados Unidos y que llega a México de forma ilegal. “Aquí, legalmente no es tan fácil conseguir un arma, pero sí lo es ilegalmente”.

Por su parte, Lucía Chávez, de la Comisión Mexicana, dice que en México no existen incentivos para que una autoridad o integrante de un cártel de la delincuencia no asesine a otra persona. La probabilidad de que se investigue de manera diligente es de uno por ciento, y es aún menor la posibilidad de que esa persona en algún momento sea sancionada.

“Hablamos de corrupción e impunidad de autoridades que, se supone, nos deberían de proteger. Si hablamos de justicia, las fiscalías en las entidades están sumamente debilitadas, culpan a las víctimas de los asesinatos”, destaca.

Cada año, arguye, las encuestas oficiales revelan que las personas continúan con miedo y no denuncian. Eso genera una alta cifra negra.

“Es un panorama complejo y para solucionarlo no necesitamos descubrir el hilo negro. En otros países hay experiencias que han funcionado y no han sido implementadas en México”, apunta.

Por un lado, sugiere que se implementen de manera rigurosa y eficiente investigaciones con análisis de contexto para atacar los orígenes de la violencia. No se ha solicitado, además, apoyo internacional, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional, de la que México forma parte.

“Se le podría pedir que ejerza algo que se llama complementariedad positiva, que es ayudar al país a hacer frente a crímenes graves, sancionados por el derecho penal internacional. Pudiera pedirse ayuda también a Naciones Unidas, con el propósito de hacer investigaciones independientes e imparciales”, detalla.

Considera que el gobierno no ha tenido esa voluntad política. Sería algo positivo, dice, porque “si el fiscal general investiga a autoridades de alto nivel político y del ejército se van a ir en su contra”.

Pero si interviene un órgano internacional que se encargue de investigar, finaliza, “disminuye la presión que tienen autoridades de procuración de justicia para investigar estos casos de personas de alto perfil”.

DMZ