Una jueza federal desechó el amparo de Brenda Quevedo Cruz, quien pretendía que se obligara a la Fiscalía General de la República (FGR) retirar del caso, al agente del Ministerio Público que investiga la denuncia que ella presentó contra la activista Isabel Miranda de Wallace y algunos servidores públicos, a quienes acusó de haber cometido irregularidades durante la investigación por el secuestro y desaparición de Hugo Alberto Wallace Miranda.
En noviembre próximo, Quevedo Cruz cumplirá 15 años presa por su probable participación en el crimen cometido contra el empresario. La mujer ha intentado enfrentar su proceso en libertad, pero en noviembre de 2021, Alfredo Silva Juárez, juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el reclusorio Norte, en la Ciudad de México, rechazó modificar la medida cautelar solicitada a su favor, por considerar que existe un elevado riesgo de fuga.
Ahora, Brenda Quevedo promovió un nuevo amparo, con el cual buscaba que se ordenara a la FGR supervisar la actuación del agente del Ministerio Público Federal encargado de la carpeta de investigación FED/DGCAP/ DGCAP-CDMX/0000026/2022.
Asimismo, reclamó que el director de general de Control de Averiguaciones Previas de la FGR no ha ordenado retirar del caso al MP que conoce la indagatoria. Sin embargo, Luz María Ortega Tlapa, jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, determinó desechar la demanda de amparo
La juzgadora señaló que Brenda Quevedo, en su calidad de parte ofendida o víctima, debió haber impugnado el acto que reclama ante el juez de control correspondiente, tal y como lo establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual, el juez debe señalar una audiencia para resolver, en definitiva.
En abril pasado la misma jueza admitió a trámite un amparo que promovió Isabel Miranda, quien impugnó la resolución de un juez de control que ordenó a la FGR analizar si existen elementos para iniciar una investigación en su contra, por supuestos delitos derivados de la indagatoria sobre el secuestro y desaparición de su hijo.
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El Ministerio Publico Federal había determinado no actuar contra Miranda de Wallace, porque no tiene la calidad de imputada y mucho menos puede señalársele por un delito que solo se puede adjudicar a servidores públicos, ilícitos que en caso de que se hubieren cometido ya están prescritos.
No obstante, el Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial (IFDP) impugnó la decisión, y el 23 de marzo de este año, Juan José Hernández Leyva, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, revocó la determinación del agente del Ministerio Público Federal y le ordenó analizar nuevamente el asunto.
Por su parte, un Tribunal Federal también desechó un recurso de queja que interpuso Brenda Quevedo, quien reclamó que una juez no dio entrada al amparo que promovió, para tratar de obligar a la FGR que investigue la presunta tortura que sufrió tras su detención por su supuesta participación en el secuestro y homicidio del empresario.
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