Elementos policiacos de Jalisco podrían estar involucrados en la desaparición y muerte de los tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), ocurrida el 19 de marzo de 2018, en el municipio de Tonalá.
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La información se desprende de la resolución que emitió el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco, José Luis Gómez Avilés, al negar el amparo promovido por cuatro imputados para evitar ser juzgados por autoridades federales.
Dentro del juicio de garantías 512/2019, el juzgador estableció que la Federación tiene facultades de atracción por “las características propias del hecho, características propias de ejecución y de relevancia social del caso”.
Los homicidios de Jesús Daniel Díaz García, Javier Salomón Aceves y Marco Francisco García Ávalos tienen relevancia social al tratarse de delitos de alto impacto y, sobre todo, porque las víctimas eran estudiantes, dice juzgador.
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“Se entiende están realizando un rol social determinado que está enfocado a superarse, además de que en el caso particular, según se desprendía de las constancias con las que contaba, se advertía la probable participación en los hechos de algunas corporaciones policiacas del Estado de Jalisco”, destaca.
De ahí que el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco calificara “como acertado que una autoridad diversa a las estatales fuera quien continuará con la secuela del caso”. Y que “finalmente la ejecución, investigación, prosecución y acusación se realizarán en un contexto donde las autoridades federales y no estatales de las que se pudiera sospechar que tengan un interés en el asunto”, donde se debe garantizar imparcialidad, se lee en la página 29 de la resolución.
Además, el juez estableció que la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de secuestro se castigarán por la Federación cuando se involucre la delincuencia organizada De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, al parecer integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) confundieron a los alumnos del CAAV con miembros del Cartel Nueva Plaza (CNP).
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Por eso, las víctimas fueron privadas de su libertad con la intención de sacarles información del grupo rival, y luego les dieron muerte. En la resolución judicial, el Ministerio Público federal “puede conocer el caso en las etapas que aún continúan y resolverlo”, advierte.
Fue el 3 de enero cuando la Fiscalía General de la República atrajo el caso de los estudiantes del CAAV, porque el Comité Contra de la Desaparición Forzada de la ONU lo exigió. Con la resolución en contra de los imputados Jonathan Josué “N”, alias El Choco; Gerardo “N”, Eduardo Geovani “N”, conocido como El Cochi, y César Arnoldo “N”, apodado El Kalimba, la investigación se reanuda.
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“Se declara infundada la violación y transgresión a sus derechos”, advierte el juez Gómez Avilés. Esta administración estatal informó en su momento que “no se encontraron elementos científicos para afirmar que (los estudiantes) fueron asesinados”. Los familiares demandan justicia y certeza.
ProcesoEl pasado 3 de enero, el gobierno estatal anunció que la Fiscalía General de la República atrajo el caso de los estudiantes desaparecidos.
MC