La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos documentó la desaparición de 21 hombres y dos mujeres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de febrero al 16 de mayo de este año, en la que presuntamente participaron fuerzas federales de seguridad.
En un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado detalló que una organización local de derechos humanos documentó al menos 40 desapariciones en el mismo periodo.
De acuerdo con testimonios recabados por el Alto Comisionado, estas desapariciones ocurrieron durante la noche o al amanecer.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, urgió a las autoridades mexicanas a tomar medidas para poner fin a la ola de desapariciones en Nuevo Laredo y sus alrededores.
"Hay fuertes indicios de que estos crímenes habrían sido cometidos por una fuerza federal de seguridad", advirtió.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado, las personas habrían sido detenidas por personal uniformado mientras caminaban o manejaban por carreteras; además varios vehículos fueron encontrados al lado del camino, quemados y baleados.
"Se informó que muchas de estas personas habrían sido detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras realizaban su vida cotidiana. Es particularmente horrífico que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan sólo de 14 años. Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio son indignantes", señala el comunicado.
El alto comisionado señaló que, a pesar de la amplia información y evidencia existente, las autoridades mexicanas han avanzado poco en la localización de las personas desaparecidas y en la investigación de lo sucedido.
En algunos casos, las familias emprendieron sus propias búsquedas, sin ningún tipo de protección y encontraron los cuerpos de al menos seis víctimas hasta ahora.
Varias personas que atestiguaron los hechos han sido amenazadas y una fue desaparecida durante dos días.
"Es vital que las autoridades mexicanas realicen una búsqueda efectiva de las personas cuyo paradero aún sigue siendo desconocido y que lleven a cabo una investigación diligente, independiente y completa para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que sean llevados ante la justicia.
"También deben otorgar protección a testigos y defensores, y proveer asistencia a los familiares de las víctimas”, demandó.
OVM