De enero a junio de 2019 se registraron 17 mil 198 homicidios dolosos en el país y de acuerdo con datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dicha cifra se ubica por arriba de los 14 mil 626 asesinatos reportados en ese mismo lapso de tiempo por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Las estadísticas revelan que en el primer semestre del año pasado se alcanzó una tasa de 14 homicidios por cada 100 mil habitantes a escala nacional, esta tasa es igual a la que se registró en 2018.
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El reporte indica que entre el total de víctimas 15 mil 391 fueron hombres (89.4 por ciento) y mil 774 mujeres (11.5 por ciento); mientras que en otros 33 casos no se pudo especificar el sexo del difunto.
El Instituto explica que estas cifras derivan “de la estadística de defunciones registradas, a partir de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, los cuales son generados por las entidades federativas y que son recopilados mensualmente por el InegiI”.
Las fuentes de información que tuvieron al menos un registro de homicidio corresponden a 188 oficialías del Registro Civil, a 104 Servicios Médicos Forenses y a 206 Agencias del Ministerio Público.
El Inegi aclara que el certificado de defunción es el principal instrumento de captación de casos, el cual contiene las causas que provocaron la muerte de una persona; la información del certificado es complementada por las actas de defunción y los cuadernos estadísticos de defunción.
“Cuando el certificante determina que el motivo de la lesión y la o las causas que provocaron la muerte de una persona no pueden ser atribuidos a factores naturales, sino que corresponden a factores externos, determina la presunción del hecho (…) Los actos en cuestión pueden estar relacionados con agresiones directas, realizadas con la intención de provocar un daño, que de manera determinante constituyen la causa de la muerte”, aclara el Inegi.
La metodología que usa el SESNSP se basa en los reportes que entregan los Ministerios Públicos sobre las averiguaciones previas relacionadas con homicidios dolosos.