La Contraloría Municipal, inició el proceso de sanción contra el ex presidente municipal de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y de funciones, desvío de fondos públicos y uso indebido del ejercicio público, radicados en 12 expedientes de responsabilidad administrativa.
Este miércoles, el ex presidente municipal fue citado por el órgano de control interno del municipio, para que se le notificara de los procedimientos que hay en su contra, luego de los procesos de auditoría practicados a su administración, en los que se encontró su responsabilidad en una cadena de acciones de presunta corrupción.
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El Contralor Municipal, Francisco Carrera Sedano, indicó que a las 10;00 horas se le citó al ex alcalde para que acudiera al inicio de su proceso de sanción por las irregulares cometidas en su mandato, pero este se negó a acudir, por lo que su caso se turno directamente al Tribunal de Justicia Administrativa.
Con el objetivo de que se emita la sanción correspondiente, independiente de lo que diga la Fiscalía de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de justicia (FGJ).
Adicional a estas acciones, dijo, la consejería jurídica integró en junio del 2022 una denuncia penal contra el ex alcalde de la ciudad que está en fase de integración
"Nosotros en el órgano de control tenemos 12 expediente abiertos de investigación por distintas conductas atribuibles a servidores públicos, que van desde el desvío de recursos, el abuso de funciones, no ejercer las funciones de manera correcta, de igual forma las investigaciones ya están concluidas”.
“En los expedientes integrados hay señalamientos por conductas graves y no graves, y hay diversos grados de participación, por que hay personas que no cumplieron con sus funciones, o algunos que como titulares sólo dieron las instrucciones para quebrantar la ley y ese aspecto y por ello las sanciones van contra el ex presidente municipal y sus directores responsables de áreas estratégicas."
Carrera Sedano, afirmó que una vez integrado el proceso de sanción no habrá impunidad, tendrán que desahogar los procedimientos.
Mientras que los imputados tienen el derecho a su legítima defensa y aportar las pruebas de acuerdo a los señalamientos que se les imputan.
RM