“Hay elementos que deben investigarse respecto a la participación del Ejército antes, durante y después de los hechos del 26 de septiembre, porque hay indicios de la colusión de elementos del Ejército, personas no la institución, con en grupo de Guerreros Unidos”, afirma Santiago Aguirre, Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, a unos días de que se cumplan seis años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero.
El 12 de agosto pasado, los padres y madres de los estudiantes entregaron al presidente Andrés Manuel López Obrador una carta con las directrices que se deben seguir en la investigación por la desaparición de sus hijos.
En el documento piden “detener y someter a proceso a los elementos del 27 batallón de infantería que incurrieron en falsedad de sus primeras declaraciones, que incurrieron en delitos por sus omisiones la noche de los hechos, que tenían vínculos con la delincuencia organizada y/o que por acción u omisión participaron en los hechos: siendo éstos al menos el capitán José Martínez Crespo, el teniente Joel Gálvez, el soldado Eduardo Mota.
Según la versión del procurador Jesús Murillo Karam, el “capitán Crespo” se presentó la noche de la desaparición de los normalistas en la comandancia de la policía de Iguala, a donde supuestamente habían sido llevados los jóvenes.
El Teniente de Infantería retirado Joel Gálvez Santos presuntamente recibió la información por parte de sus subordinados del 27 Batallón de Infantería, de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala.
El soldado Eduardo Mota estuvo presente cuando los estudiantes que viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531, fueron atacados y sometidos por policías municipales frente al Palacio de Justicia de Iguala.
La investigación a los militares ha sido una de las exigencias de los padres de los normalistas desde hace seis años, pero hasta ahora no veían voluntad del gobierno de hacer indagatorias serias al respecto. Actualmente los padres tienen esperanza en que este gobierno lo haga.
“Tenemos acciones penales contra militares, acciones penales contra policías federales, acciones penales e investigaciones que están en curso”, asegura Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Las acciones penales son parte de la información que el presidente López Obrador pudiera dar a conocer en un mensaje que dará el próximo sábado 26 de septiembre al cumplirse seis años de los hechos.
“Varios de ellos (militares) fueron testigos que incurrieron en falsedad y se tiene que proceder en contra de ellos. Eso no ha terminado de ser esclarecido”, apunta Aguirre como uno de los pendientes de la investigación.“Se están teniendo más datos de la participación de elementos del Ejército Mexicano, es decir que ellos sí tuvieron una participación activa, estuvieron en varios escenarios el día de los hechos en Iguala. Hubo algunos militares que se desplazaron y que tomaron evidencia de lo que allí ocurría. Esos militares reportaron a sus superiores este cúmulo, este acervo de información. Luego entonces los superiores no consignaron esta información a las autoridades correspondientes”, detalla Rosales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha analizado diversas irregularidades y pendientes en la investigación en torno al Ejército. El organismo internacional en su informe de noviembre de 2018 da cuenta del parentesco de algunos miembros del ejército con con los hermanos Casarrubias Salgado, operadores del grupo criminal Guerreros Unidos.
“La detención de Mario Casarrubias, persona vinculada como uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, derivó en el señalamiento de un activo del ejército que proporcionaba armamento a miembros de la Delincuencia Organizada y respondía al apodo de “El Satánico””, señala la CIDH.
Declaraciones ministeriales revelan que Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder de Guerreros Unidos y autor intelectual del ataque contra los estudiantes, es hermano de un integrante de las fuerzas armadas, de nombre Alfredo Casarrubias Salgado.
Sidronio Casarrubias fue detenido el 17 de octubre de 2014 y se encuentra en el penal de máxima seguridad del altiplano, en el Estado de México, pese a que obtuvo su libertad por el caso de los 43 estudiantes, por violaciones al debido proceso, pero todavía tiene pendientes acusaciones que se desahogan en tribunales.
RLO