Los cárteles del narcotráfico han intensificado el trasiego de drogas por las carreteras del país en los últimos tres años, a tal grado de que las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República por el transporte y tránsito de estupefacientes han alcanzado cifras históricas en la presente administración, sobre todo en aquellas entidades donde los grupos delictivos se disputan el control de la zona.
En San Luis Potosí, un territorio donde los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación pelean por dominar esta demarcación que conecta el centro y norte del país, las investigaciones por el transporte de drogas crecieron 82 por ciento respecto a los registros totales del sexenio pasado.
Otras demarcaciones como Querétaro y Baja California Sur, donde el CJNG y el Cártel de Sinaloa luchan por conseguir mejores vías de transporte, las carpetas de investigación se incrementaron más de 200 por ciento, mientras que en la capital del país, donde operan escisiones de diferentes cárteles, también crecieron 125 por ciento.
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A escala nacional, las investigaciones abiertas por transportar drogas han alcanzado sus niveles más altos en la presente administración desde que se tenga registro. Desde diciembre de 2018, se han abierto 8 mil 201 carpetas que representan un incremento de 50 por ciento respecto a las denuncias recibidas en todo el sexenio pasado.
El incremento de los expedientes abiertos coincide con la llegada escalonada de elementos de la Guardia Nacional para vigilar las carreteras del país en relevo de los ex policías federales. Actualmente hay 2 mil 27 elementos desplegados en estados como Jalisco, Guanajuato, Edomex, Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo y Chihuahua.
Además, se espera que para junio próximo al menos 3 mil 937 integrantes de la Guardia Nacional asuman el control de las carreteras en las 19 entidades restantes. El plan de las autoridades de seguridad es que para esa fecha haya 6 mil 464 elementos cuidando las carreteras y autopistas del país, lo que significaría una reducción respecto a los cerca de 8 mil policías civiles que se encargan de esa función.
La tendencia al alza inició justamente en el primer año de la cuarta transformación, cuando se reportaron mil 816 denuncias por estos dos tipos de crímenes relacionados con el narcotráfico, pero en 2020, contrario a lo ocurrido con otros delitos como los robos y asesinatos, la pandemia de coronavirus no impidió que se alcanzara la mayor cifra anual de carpetas de investigación con 3 mil 679.
En lo que va del presente año, las autoridades federales reportan que hasta el mes de octubre se han investigado 2 mil 625 reportes de transporte y tráfico de estupefacientes en el país y si se mantiene el ritmo de casos, este año puede terminar con al menos 3 mil 150 delitos, de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El aumento de las investigaciones se observa principalmente en 20 entidades federativas que ya superaron el número de crímenes registrados en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero destaca que los mayores aumentos se presentan en San Luis Potosí, Baja California Sur, Querétaro y la Ciudad de México.
Sobre las cifras que revela el SESNSP, el especialista en materia de seguridad de México Evalúa, Paul Frissard, señaló que el hecho de que en algunos estados se registren más carpetas de investigación no representa forzosamente que el problema de trasiego de drogas se concentre en esas entidades.
“No significa que nada más estén en esos estados los delincuentes de la Ley General de Salud, significa simplemente que la FGR inicia investigaciones contra sujetos en esos estados y el hecho de que la Fiscalía investigue más en un estado que en otro responde también a incentivos propios de la FGR”, aclaró el investigador.
Los gobernantes de la capital del país han reiterado en diversas ocasiones que los cárteles de la droga no operan directamente en la ciudad. En julio de 2017 el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que los grupos delincuenciales “no cuentan con las estructuras ni el tamaño para definirlas como un cártel”, pues se dedican a actividades principalmente dedicadas al narcomenudeo.
Por su parte, el actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, aseguró que ningún grupo criminal ha logrado asentarse en la capital del país: “es diferente que hayan hecho una transacción a que ya estén asentados y tengan estructura delictiva en la ciudad, eso es lo que con los grupos grandes no a ocurrido ni queremos que suceda”.
Ante los dichos, las estadísticas oficiales muestran un aumento considerable del flujo de estupefacientes por las calles de la Ciudad de México, ya que en este sexenio se han denunciado 944 delitos federales por transporte y tránsito de drogas, lo que significa un aumento de 125 por ciento respecto a los 525 crímenes registrados entre diciembre de 2012 y noviembre de 2018.
En Querétaro, una de las entidades más prósperas del país, los crímenes han crecido 240 por ciento en este sexenio, pues pasaron de 208 casos en la administración pasada a 708 delitos en la actual gestión, lo que significa un incremento de 240 por ciento.
Otro estado que presenta un incremento desmedido en los delitos relacionados con el trasiego de estupefacientes es San Luis Potosí. Aquí las autoridades militares pasaron de atender 581 denuncias en el sexenio de Enrique Peña Nieto a mil 61 casos en los primeros tres años de la actual administración, lo que representa un incremento de 82.6 por ciento.
Las alzas de las denuncias también se registran en Baja California Sur (449.5 por ciento), Estado de México (158.7 por ciento), Jalisco (111.5 por ciento), y Baja California (62 por ciento).
Bajan delitos por producción
Mientras los delitos de transporte y tránsito de drogas presentan un franco aumento, los decomisos de estupefacientes y las destrucciones de plantíos muestran un ritmo lento en la presente administración.
De acuerdo con el reporte de Operaciones contra el narcotráfico, publicado cada mes por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), desde diciembre de 2018 se han asegurado 416 mil kilogramos de mariguana, una cantidad que apenas representa el 10 por ciento de lo que se incautó en la administración pasada.
En lo que respecta a los decomisos de cocaína, el Ejército reporta que ha incautado 18 mil 85 kilogramos; dicha cifra representa casi 82 por ciento de todo el polvo blanco que fue asegurado en el gobierno priista.
Sobre las cifras de aseguramientos de estupefacientes, el investigador Paul Frissard aclaró que éstas “no reflejan lo que transita o lo que se produce en nuestro país porque no existen datos confiables sobre lo que transita y se produce”, pero sí muestran qué tanto el gobierno federal quiere enfocarse en ciertas zonas del país para combatir al narcotráfico.
En cuanto a las destrucciones de plantíos de mariguana y amapola, la Sedena reporta que las tierras aseguradas en los últimos tres años apenas representan 21.2 y 25 por ciento de lo que se logró erradicar entre diciembre de 2012 y noviembre de 2018; mientras que los laboratorios destrucción de laboratorios clandestinos apenas representa el 16.3 por ciento.
La baja erradicación de cultivos y laboratorios también coincide con las cifras que presenta el SESNSP sobre que los delitos por producción de droga se redujeron de manera importante en los últimos dos años. Mientras que en 2019 se denunciaron mil 320 crímenes de este tipo, en 2020 y 2021 apenas suman 243 casos en conjunto.
DMZ