Margarita Ríos-Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propondrá esta semana amparar a Peter Bauer Mengelberg López, cuñado del magistrado José Luis Vargas Valdez, ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Peter Bauer impugnó que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) empezó una investigación en su contra y envió oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para solicitar información de sus cuentas, sin contar con una autorización judicial.
Debido a esta investigación pidió la protección de la justicia contra la aplicación del artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito.
De acuerdo con el expediente, mediante un escrito anónimo presentado el 27 de marzo de 2015 ante la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la entonces PGR, se denunciaron hechos probablemente constitutivos de delito, derivados del otorgamiento de diversos contratos por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a favor de una empresa, de la cual es socio Peter Bauer, lo que dio origen a una carpeta de investigación.
El Ministerio Público de la Federación solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que designara peritos en materia contable y financiera para que se impusieran en la indagatoria y emitieran una opinión contable correspondiente al ejercicio fiscal de 2012, los cuales determinaron que Peter Bauer omitió declarar ingresos.
Ello propició que el director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones formulara querella ante el Ministerio Público por el delito equiparable al de defraudación fiscal.
Lo anterior llevó al cuñado del ex presidente del Tribunal Electoral promover un amparo, el cual está previsto analizarse en la Primera Sala de la Corte el próximo 11 de enero.
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La ministra señala en su proyecto de sentencia que el esquema del sistema penal acusatorio, en la etapa de investigación, el ministerio público debe acudir al juez de control cuando considere que la información financiera del imputado es necesaria para la comprobación del hecho que la ley señale como delito o para demostrar su probable responsabilidad, por lo que será la autoridad judicial la que determine si la intromisión al derecho fundamental está justificada.
Margarita Ríos-Farjat indicó que si se permitiera al ministerio público solicitar información bancaria de una persona sujeta a una investigación penal, sin que tenga intervención una autoridad judicial, ello se traduciría en una vulneración al derecho a la privacidad, lo cual va en contra de la Constitución y de los tratados internacionales, por lo que una intromisión a la vida privada de las personas sea acorde con esos parámetros, es necesaria la intervención y supervisión judicial.
“Conforme a lo todo lo expuesto, esta Primera Sala concluye que el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, vulnera el derecho a la privacidad, en su vertiente de secreto bancario, porque permite al ministerio público solicitar información financiera de una persona sujeta a investigación penal, a fin de comprobar la comisión de un delito o la probable responsabilidad penal, sin someter su petición a control judicial previo; lo que es contrario a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del país”, detalla el proyecto.
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La Fiscalía General de la República (FGR) ya sufrió un tropiezo, debido a que los fiscales imputaron a Peter Bauer por dicho delito, pero un juez de control dictó auto de no vinculación a proceso en julio de 2019.
El Ministerio Público Federal apeló, pero su recurso tampoco prosperó ante un Tribunal Unitario.
La FGR volvió a ejercer acción penal en agosto de 2019, fijando el juez de control fecha de audiencia inicial el 4 de septiembre del mismo año, pero Peter Bauer no acudió por cuestiones de salud.
La audiencia se reprogramó para diciembre de ese año, pero el cuñado del magistrado se amparó, motivo por el cual la FGR solicitó el diferimiento.
UFH