Piden a fiscalías informar por caso de mujer que denunció violación y fue encarcelada

Ivette Marisol denunció a su ex pareja por violación y desde hace cuatro meses está en una prisión de Colima vinculada a proceso por delitos de extorsión, chantaje y despojo.

Marisol está en prisión preventiva tras denunciar a su ex pareja por violencia. (Especial)
Sandra Rojas
Ciudad de México /

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) solicitó informes a las fiscalías Generales de Justicia de Jalisco y Colima por el caso de Ivette Marisol, quien denunció a su ex pareja por violación y desde hace cuatro meses está en una prisión de Colima vinculada a proceso por delitos de extorsión, chantaje y despojo.

Al respecto, la institución encargada de garantizar protección con perspectiva de género emitió oficios a las fiscalías de ambos estados en los que solicitó datos sobre el estatus que guardan ambas investigaciones abiertas por el caso.

En el documento se señala que ambas dependencias tienen hasta el 14 de mayo para compartir la información solicitada por Conavim. Del mismo modo, instó que cada etapa del proceso se llevé con perspectiva de género, esto en virtud de lo establecido en el artículo primero constitucional que señala que las normas de derechos humanos se deben interpretar de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, teniendo como parámetro favorecer a las personas en la protección más amplia de sus derechos.

En ese sentido, Conavim también emitió un oficio al Supremo Tribunal de Justicia de Colima para solicitar el debido respeto a sus ámbitos de competencia, que cada etapa del proceso se lleve con perspectiva de género y no violación a los derechos humanos de las mujeres.

Además, la institución pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a través del Programa de Atención a Víctimas del Delito (Províctima) apoyo para que el caso sea atendido en esta institución.

Finalmente, la Comisión indicó que lo datos proporcionados entre autoridades son resguardados en términos de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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