La Comisaría de Seguridad Pública de Poncitlán, Jalisco, ya es intervenida por la Policía del Estado, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional.
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Esto es debido al cumplimiento ordenado por la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de seguridad, para la intervención de la Policía Municipal.
Se tomó la determinación de intervenir y desarmar a las policías municipales de Jalostotitlán y Poncitlán.
La intervención consta en el desarme de sus elementos, así como acceder a sus instalaciones, equipos de comunicación y cómputo, archivos y, en general, de todos los activos.
La autoridad vio conveniente la intervención de ambas corporaciones como una medida ante los señalamientos de abusos, excesos y sospechas que hay sobre el comportamiento de los elementos.
El personal de las comisarías atravesará un proceso de reevaluación durante 15 días; en este periodo recibirán capacitación en materia de derechos humanos, uso adecuado de la fuerza, exámenes de control de confianza, antidopaje, lineamiento de cumplimiento de la licencia colectiva y demás requisitos para ejercer la función policiaca.
Los elementos de la policía del Estado y de la Guardia Nacional atenderán la seguridad de Jalostotitlán y Poncitlán y mantendrán esta encomienda de forma indefinida, con el apoyo del Ejército Nacional.
En la Comisaría de Seguridad Pública de Poncitlán, se pudo observar que por lo menos 80 a 100 elementos fueron trasladados en 2 camiones a la Academia de la Secretaría de Seguridad para ser reevaluados.
Camionetas de la Policía del Estado invadieron el estacionamiento principal de las unidades municipales, así como vehículos oficiales de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Guardia Nacional y SEDENA.
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En el lugar se nos negó información acerca de los elementos que fueron trasladados a la Zona Metropolitana de Guadalajara, la madre de uno de los oficiales se desmayó en la Comisaría por la impresión de ver a su hijo partir.
Actualmente también se encuentran intervenidas las corporaciones policiales municipales de San Juan de los Lagos por la detección de irregularidades en la corporación desde el 24 febrero y en Ixtlahuacán de los Membrillos por el asesinato de un detenido desde el 5 junio.
SRN/JMH