Un total de 336 funcionarios han sido procesados por el delito de desaparición forzada en Jalisco, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2026, informó la Fiscalía del Estado.
En rueda de prensa, las autoridades estatales dieron a conocer que en 2020 se judicializaron a 20 funcionarios por este delito, siendo el año con más casos, “en su mayoría, en su rango de servidores públicos municipales adscritos a diferentes corporaciones policiacas de los municipios del estado de Jalisco”, precisó Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, vicefiscal en Personas Desaparecidas. 2021 fue el segundo año con más casos, con 82 personas judicializadas, desde entonces la cifra ha descendido, con 61 en 2022; 38 para 2023, 30 en 2024, 28 en 2025, y solamente dos en los primeros tres meses de 2026; en 2019 se reportaron nueve, el año con menor número de casos.
Resaltó que no todos los estados del país tienen un protocolo para la identificación y persecución del delito, “hay entidades que no cuentan con este esquema de trabajo, nosotros tenemos una unidad que es especialista en investigar este tipo de hechos. También recordemos que tenemos una campaña activa contra la desaparición forzada desde la administración anterior”, declaró Trujillo Cuevas.
La funcionaria señaló que estos resultados reflejan el trabajo de las autoridades para sancionar este tipo de conductas y fortalecer los mecanismos de procuración de justicia en casos que afectan gravemente a la sociedad.
El fundador del colectivo Desaparecidos sin Justicia, Raúl Servín García, puso en duda que esa cifra refleje la magnitud real del problema, “yo creo que debe de haber hasta más de más de esa de esa cantidad… todavía faltan muchas más por detener”, afirmó, al señalar que, desde su experiencia en campo, la participación de servidores públicos en estos delitos podría ser mayor.
Para Servín García las cifras no solo evidencian un problema persistente, sino también la falta de acciones contundentes para frenarlo, “sabemos que las autoridades, tanto como policía municipal, policía estatal, de aquí, de Jalisco, pues, están muy coludidos con los carteles… entonces, mientras el gobierno no pare a eso… pues, no van a acabar las desapariciones aquí en Jalisco”.
En su experiencia como buscador, y como padre de un joven desaparecido, asegura que muchos de los casos que ha conocido involucran directamente a corporaciones de seguridad.
Señaló que existe un patrón reiterado en varios testimonios: la presunta colusión entre autoridades y grupos del crimen organizado. Aunque en Jalisco opera una Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, Servín García considera que los resultados siguen siendo limitados, especialmente si se compara el número de personas procesadas con aquellas que han sido sentenciadas.
Puntos rojos
Puntos rojos Con relación a los municipios a los que pertenecían los funcionarios detenidos, en el sitio web de la Vicefiscalía destacan Guadalajara, Tonalá, Zapotlanejo, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan en el área metropolitana; mientras que al interior del estado se cuentan 30 municipios del interior del estado: Acatic, Arandas, Ixtlahuacán de los Membrillos, Poncitlán, Atotonilco El Alto, La Barca, Puerto Vallarta, Autlán de Navarro, Lagos de Moreno, Tala, Santa María del Oro, Zacoalco de Torres, Zapotlán El Grande, Tuxcueca, La Huerta, El Arenal, Tecolotlán, Casimiro Castillo, Mezquitic, San Miguel El Alto, Teocaltiche, Huejúcar, Ocotlán, Sayula, Tuxcacuesco, Tomatlán, San Ignacio Cerro Gordo, San Julián, Tepatitlán de Morelos y Tonila.
De la lista destaca Teocaltiche, demarcación fronteriza con Zacatecas, donde el año pasado fueron desaparecidos ocho policías municipales, cuatro de ellos encontrados sin vida horas después, mientras que el resto siguen sin ser localizados. También fue asesinado Ramón Grande Moncada, director de Seguridad Pública municipal, que estaba adscrito a funciones administrativas cuando fue atacado, debido a que era investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado. En Lagos de Moreno, cuatro jóvenes originarios de San Luis Potosí fueron víctimas de desaparición forzada por cuatro oficiales, quienes fueron sentenciados el año pasado a pasar 40 años tras las rejas.
Sin embargo, uno de los casos más emblemáticos y que conmocionó al país es el de Teuchitlán, donde el año pasado se dio a conocer el hallazgo del rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela, identificado como un centro de adiestramiento criminal. De acuerdo con las investigaciones, en la operación del sitio participaban policías municipales de Teuchitlán y Tala, e incluso se señaló al propio presidente municipal, José Murguía, de tener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, quien ya se encuentra vinculado a proceso. Al respecto, el fundador del colectivo Desaparecidos sin Justicia señaló que “hay muchas autoridades relacionadas con este rancho que no han sido detenidas todavía”
SRN