Un juez federal rechazó otorgar una suspensión definitiva al abogado Javier Coello Zuarth, quien promovió un amparo contra la orden de aprehensión librada en su contra por presuntamente formar parte de una red conformada por servidores públicos federales, locales y empresarios, para dañar a una de las familias más ricas del país.
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Al mismo tiempo, otro juez federal notificó que el ex titular de la Unidad Especializada e Investigación contra el Delito de Secuestro de la Seido, Gualberto Ramírez Gutiérrez, contra quien también existe orden de captura, exhibió una garantía de 23 mil 500 pesos para que prevalezca la suspensión provisional que le fue concedida, misma que no impide su detención.
La FGR judicializó la carpeta de investigación FED/VG/UNAI-JAL/0000407/2019 contra 12 personas, entre ellos el empresario Juan Pablo González Cimadevilla, una de los hombres más acaudalados de México, quien se presume orquestó la trama para dañar a su ex esposa y a toda la familia de ella.
Por este caso, cuatro agentes de Interpol-México fueron detenidos y vinculados a proceso la semana pasada por el juez de control del reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.
Aunque el juez Delgadillo Padierna ordenó aprehender a Coello Zuarth, negó a la FGR conceder la orden de captura por los delitos de tortura y contra la salud.
En el caso de la suspensión definitiva solicitada por el abogado, ésta fue negada por el secretario en funciones de juez, del juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal.
En tanto, el caso del ex titular de la Unidad Antisecuestro está radicado en el juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, cuyo titular es Erik Zabalgoitia Novales.
De acuerdo con la pesquisa de la FGR servidores públicos de su institución se “confabularon” con autoridades del estado de Jalisco, Cimadevilla y reconocidos abogados para dañar a la familia de su ex esposa, a la que acusaron de tener nexos con el narcotráfico y, por ende, solicitaron órdenes de aprehensión.
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Los fiscales de Asuntos Internos aseveraron ante el juez de control Felipe de Jesús que agentes de Interpol-México, en coordinación con autoridades de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Seido, “fabricaron” y “sembraron” pruebas, de manera dolosa y “maquiavélica”, “manipulando” información entregada por las agencias ICE y ATF de Estados Unidos para combatir a una organización dedicada al tráfico de armas.
Los fiscales explicaron que para lograr el objetivo, los servidores públicos federales “engañaron” al Poder Judicial de la Federación para obtener órdenes e intervenir las comunicaciones de la familia afectada, además de realizar tres cateos en igual número de domicilios de Zapopan, donde “sembraron droga”, amedrentaron a una mujer, a sus hermanos y torturaron a su hijo menor de 17 años colocándole una pistola en la cabeza. Dichas acciones se realizaron en abril y mayo del presente año.
“Fue un operativo bien preparado y maquiavélicamente planeado para llevar a cabo los fines del (empresario prófugo de la justicia) Juan Pablo González Cimadevilla”, uno de los hombres más ricos de México, aseguraron los fiscales.
Marco Antonio del Toro, asesor jurídico de las víctimas, narró ante el juez que todo inició a raíz de un mal divorcio, donde González Cimadevilla denunció a su ex esposa de haberle robado dos o tres botellas de vino de origen griego y chino, y también responsabilizó a sus ex cuñados.