La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fecha para discutir el recurso de reclamación que interpuso el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien impugnó la decisión de una ministra de dar entrada a un amparo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El tema guarda relación con la sentencia de nueve años prisión que recibió el ex mandatario estatal. La UIF solicitó a la Corte que se pronuncie sobre la obligación que tienen los jueces de control que emiten sentencias definitivas en causas penales, particularmente de ordenar la ratificación del escrito de desistimiento contra la condena y la forma cómo debe tramitarse.
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Javier Duarte se desistió de apelar su condena en septiembre de 2018. Sin embargo, después interpuso una demanda de amparo alegando que no era su intención desistirse, con lo cual buscó reducir su pena.
El amparo directo en revisión que interpuso la UIF está en manos de la ministra Margarita Ríos-Farjat.
El recurso de reclamación de Javier Duarte fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien presentará un proyecto de sentencia a sus homólogos de la Primera Sala, el próximo 2 de junio.
Lo más probable, es que la Sala declare infundado el recurso del ex gobernador, quien busca que no exista un pronunciamiento sobre el tema.
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En diciembre de 2019, el Primer Tribunal Colegiado otorgó un amparo a Javier Duarte y ordenó al juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, dar trámite al recurso de apelación para que un Tribunal Unitario en Materia Penal se pronunciara sobre su admisión, porque estaba claro que la intención del ex gobernador no era desistirse de la apelación contra su condena.
En febrero de 2020, la magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de apelación del ex gobernador de Veracruz, quien buscaba que se cancelara o redujera su sentencia.
No obstante, en mayo del mismo año, la magistrada ratificó la sentencia de nueve años de cárcel.
Porras Odriozola también revocó el aseguramiento de 40 propiedades, resolución que no ordenó devolver los inmuebles al ex gobernador, ya que forman parte de otros juicios que aún están en curso y hasta hoy no se sabe quiénes son los verdaderos propietarios.