Un juez federal aplazó hasta abril próximo la audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) acusará formalmente al ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, y solicitará una condena de 82 años de cárcel por su presunta responsabilidad en los delitos desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.
Funcionarios federales y fuentes cercanas al caso comentaron que la audiencia programada este 24 de enero fue diferida porque están en curso entrevistas, mientras que otras están pendientes de realizarse, mismas que forman parte de la estrategia de defensa del ex funcionario.
Está es la segunda vez que la audiencia se aplaza, ya que en septiembre pasado el equipo legal del ex procurador solicitó el diferimiento, ya que en ese momento estaban en curso juicios de amparo.
El pasado 1 de noviembre pasado, José Rivas González, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, determinó modificar la prisión preventiva impuesta a Murillo Karam y permitió que el ex funcionario enfrentara su proceso fuera de la cárcel, situación que provocó que la FGR apelara la decisión.
Sin embargo, el ex procurador que permanece en la Torre Médica del penal de Tepepan, en Xochimilco, debido a su precario estado de salud, no pudo conseguir su liberación, porque en otra audiencia Juan José Hernández Leyva, juez de control del CJPF en el reclusorio Sur, rechazó cambiar la medida cautelar en el proceso que enfrenta por su probable responsabilidad en el delito de tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, señalado por la entonces PGR como sicario de Guerreros Unidos, a quien se responsabilizó de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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En julio de 2023, Antonio González García, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, determinó suspender de manera indefinida el citado proceso, hasta que se resuelva el juicio donde el ex procurador solicitó que se le admitan 15 documentales para presentarlas como pruebas de descargo ante la acusación en su contra.
Murillo Karam presentó el amparo porque Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, rechazó su petición de auxiliarlo para tener en sus manos las averiguaciones previas y carpetas de investigación que se iniciaron en 2014 por la entonces PGR, por la presunta tortura contra integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los normalistas.
Un mes antes, la FGR presentó un escrito en el citado Centro de Justicia, donde, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UILCA) pidió una pena de 60 años de cárcel por el delito de desaparición forzada. Mientras que por el delito de tortura 12 años, y 10 años por el correspondiente contra la administración de la justicia.
La mencionada unidad presentó 69 testimonios, 65, documentales y 43 peritajes, como datos de prueba. En agosto de 2022, el juez de control del CJPF en el reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, dictó la primera vinculación a proceso.
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Durante la audiencia, la fiscalía imputó al ex procurador de “fraguar la denominada “verdad histórica”, y que supuestamente de forma premeditada ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, contribuyendo a ocultar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Asimismo, los fiscales aseguraron que Murillo Karam organizó un “cónclave” donde estuvieron presentes funcionarios estatales y federales de la pasada administración.
Y en abril de 2023, la FGR imputó por segunda ocasión a Murillo Karam, ahora por su presunta responsabilidad en la tortura de la que supuestamente fue víctima Felipe Rodríguez Salgado.
Esta audiencia se realizó a puerta cerrada, a petición de la FGR y fue presidida por Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, entonces juez de control del CJPF en el reclusorio Sur.
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