Un juez federal dejó de estudiar el amparo que promovió Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), quien impugnó la vinculación a proceso que le fue dictada por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, ilícitos relacionados con el caso Ayotzinapa.
Antonio González García, juez segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, determinó sobreseer la demanda de garantías. Hasta el momento, el juzgador no ha hecho público los motivos por los cuales decidió no continuar con este juicio y resolver el fondo del asunto.
Ante esta situación, Murillo Karam interpuso un recurso de revisión para impugnar la resolución de González García, por lo que será un Tribunal Colegiado el que determine si confirma, modifica o revoca el fallo.
En agosto pasado, Murillo Karam fue vinculado a proceso por dichos actos ilícitos, que según la FGR, cometió cuando era el procurador general de la República.
El ex funcionario se encuentra en el reclusorio Norte, debido a que el juez de control del citado Centro de Justicia Penal Federal, Marco Antonio Fuerte Tapia, rechazó concederle el beneficio de la prisión domiciliaria, por riesgo de fuga.
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El pasado 28 de diciembre, el ex procurador fue trasladado de la Torre Médica de Tepepan al reclusorio Norte. Desde su ingreso al la cárcel, en agosto pasado, Murillo Karam ha sido trasladado en ocho ocasiones del centro penitenciario a diversos hospitales públicos.
La última ocasión fue el 19 de octubre, cuando ya no regresó al reclusorio, sino que fue llevado a cuatro diferentes hospitales públicos: Hospital General de Xoco; el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, donde se le práctico de emergencia una cirugía Edarterecotomia Carotidea de Alto Riesgo; Hospital Belisario Domínguez y la Torre Médica de Tepepan.
Es de mencionar que, agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) solicitaron, en diciembre pasado, al juez un plazo de tres meses para la celebración de la audiencia intermedia porque todavía no reunían los medios de prueba que demandó la defensa del ex funcionario.
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