A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), el juez Marco Antonio Fuerte Tapia determinó imponer a Jesús Murillo Karam prisión preventiva justificada durante las 144 horas de la duplicidad del término constitucional solicitada para que se resuelva su situación jurídica.
El ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) será internado en el reclusorio Norte en los próximos minutos y hasta el miércoles entrante cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso en este Centro de Justicia Penal Federal.
El juez de Control argumentó su determinación en dos puntos principales: la trascendencia de la investigación por el caso Ayotzinapa y el perfil de “alta importancia” de Murillo Karam.
En el primer rubro, el juez Fuerte Tapia explicó que “no se trate de una investigación común” la de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino que es una de “primer nivel”.
En el segundo punto, el juzgador destacó que Murillo Karam “ciertamente ha ocupado los más altos cargos” en el país, incluido, por supuesto, el de titular de la PGR.
Respecto a los demás argumentos que esgrimió el Ministerio Público de la Federación, el juez Fuerte Tapia concedió algunos y los calificó de “indicios más” pero que por sí solos no se ceñían a su decisión de la prisión preventiva justificada.
El primero de estos fue relativo a la falta de arraigo domiciliario de Murillo Karam en la Ciudad de México, pues la FGR dio a conocer que posee al menos cinco inmuebles, tres en Pachuca, Hidalgo; uno en Acapulco, Guerrero; así como una más en la capital del país.
Al respecto, el juez de Control reconoció que existiría una duda de cuál sería su domicilio, al tiempo que calificó “de primer nivel” su residencia en Lomas de Chapultepec, donde fue detenido la tarde de este viernes.
El juez Fuerte Tapia también consideró que sus domicilios hacen “palpable” la presunción de que cuenta con recursos como los 85 millones de pesos que el Ministerio Público de la Federación dijo que posee Murillo Karam, monto que remitió a sus últimas declaraciones patrimoniales, que datan de 2015.
“Evidentemente cuenta con el poder adquisitivo para huir del país”, subrayó durante el transcurso de la audiencia la agente del Ministerio Público de la Federación, Lidia Bustamante.
El juzgador también válido que, por su “perfil”, el ex titular de la PGR podría contar todavía con una “red de apoyo” y “amistades” dentro de la Fiscalía General de la República que obstacularizarían la indagatoria con declaraciones falsas o influir en otras actuaciones ministeriales.
“No se trata de una red de apoyo común sino especializada por su perfil (…) los contactos no se van perdiendo”, enfatizó el juez de Control.
Fuerte Tapia también consideró que los delitos que le imputan a Murillo Karam, desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia “no son comunes”, y, al contrario, “son graves las conductas”.
Finalmente, el juez de Control aceptó lo dicho por el Ministerio Público de la Federación de que este proceso sí “afecta el derecho a la verdad” para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Si (Murillo Karam) sale por propio pie equivaldría a que no lo volviéramos a ver (…) y se les estaría negando el llegar a la verdad y saber qué pasó con sus hijos”, subrayó durante la audiencia el agente del Ministerio Público de la Federación, Lidia Bustamante.
DMZ