Un Tribunal Federal desechó los argumentos del ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, quien pretendía que se dieran “efectos inmediatos” a un amparo que se le otorgó a él y a 12 ex elementos de la Policía Federal (PF) para que se dejara sin efectos la orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por unanimidad, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito declararon infundado el recurso de queja presentado y determinaron que el amparo concedido a los quejosos no es “liso y llano”, sino que fue para “efectos”, es decir, para que un juez de control subsanara los vicios formales al momento de ordenar la captura.
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De acuerdo con el expediente, Orta Martínez tomó como referencia para sus alegatos las dos recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado Mexicano que ordenan regular el tema de la prisión preventiva oficiosa.
Los magistrados Julio César Gutiérrez Guadarrama, José Nieves Luna Castro y Ricardo Garduño Pasten, señalaron que la Corte IDH ordenó al Estado Mexicano llevar a cabo, como medidas de reparación integral, entre otras, el adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa; y llegó a la conclusión que varios aspectos de tal figura resultan incompatibles con la Convención Americana.
Sin embargo, recordaron que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 293/2011, estableció que los criterios jurisprudenciales de la Corte IDH, con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio ante ese tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
No obstante, “también concluyó que cuando existe restricción expresa en la norma constitucional, ésta deberá prevalecer”. Asimismo, puntualizaron que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa.
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La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la orden de aprehensión contra Jesús Orta a partir de una investigación que comenzó por una denuncia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la cual detectó un desvío de recursos de 2 mil 500 millones de pesos, por compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Posteriormente, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, libró la orden de captura el 7 de agosto de 2020, por los supuestos delitos antes mencionados.
Jesús Orta, quien fue secretario general de la Policía Federal, así como los 12 ex agentes de la PF, promovieron una demanda de garantías y Alfonso Alexander López Moreno, juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, les concedió la protección de la justicia, solo para el efecto de que se dejara sin efecto la orden de captura, se convocara a una nueva audiencia y se escucharan los argumentos de ambas partes, así como que se valoraran datos de prueba y resolviera con libertad de jurisdicción.
No obstante, el año pasado se volvió a librar el mandamiento judicial en su contra, y los quejosos volvieron a obtener el amparo, y una vez más se ordenó al juez de control una nueva audiencia para subsanar “vicios formales”.
Algunos de los ex agentes amparados son: el ex suboficial en la PF, Edgar Ulises Calderón Luna, quien tenía bajo su mando el manejo de recursos. Así como, Carlos Hipólito Rivera Codina, quien estuvo adscrito a la División de Fuerzas Federales y que en la Guardia Nacional (GN) fue director general de Servicios Especiales.
Igualmente, el ex director de Área en la División de Fuerzas Especiales de la PF, Federico Emilio Metzger Sánchez Armas; el subdirector de área en la Dirección de la Tesorería de la PF, Osvaldo Martínez Hernández.
El resto de los ex servidores públicos amparados son Leopoldo Martínez Escamilla, Carmen Patricia Quiñónez Piña, José Manuel Correa Flores, Israel Luna Espinosa, Verónica Tlahuitzo Pérez, Jorge Carlos Ruiz Alavez, María Eldy Sosa Calderón y Everardo Guzmán Linares.
Finalmente, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para detener a los ex secretarios generales de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez. Frida Martínez, fue mano derecha del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y ocupó puestos importantes en el sexenio pasado.
ABR