Un Tribunal Federal rechazó amparar al ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury, quien pretendía echar abajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le fue impuesta y que lo mantiene interno en el reclusorio Norte, en la Ciudad de México, desde abril del año pasado, por presuntamente recibir sobornos derivados del caso Odebrecht.
Por unanimidad, los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal declararon infundados cada uno de los argumentos del ex legislador federal con los cuales buscaba revertir la medida que se le decretó tras ser vinculado a proceso por los probables delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.
La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró ante Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, que no se sabe con exactitud cuál es el domicilio real del ex senador.
También que Lavalle Maury supuestamente recibió 97 millones 190 mil pesos por aprobar la reforma energética en el sexenio pasado y realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita por al menos 52 millones 390 mil pesos.
“Estas elevadísimas cantidades de dinero son sin duda alguna un medio muy eficaz para abandonar no tan sólo la jurisdicción que ejerce su señoría en esta Ciudad de México, sino que le permitirían al imputado huir del país e incluso le alcanzaría para abandonar al continente americano (…)Y, por si no fueran suficientes 97 millones 190 mil pesos para huir y permanecer oculto, el señor (Jorge Luis) también podría tener acceso a una buena parte de los 14 millones 496 mil pesos que él manifestó en sus declaraciones patrimoniales presentadas ante el Senado de la República”, indicaron los fiscales al juez.
La FGR también señaló que el Instituto Nacional de Migración (INM) documentó que en los últimos años el ex senador tuvo 18 entradas y 21 salidas fuera de México.
- Te recomendamos Durante siete meses, FGR monitoreó presencia de Ricardo Anaya en México Policía
Asimismo, que Lavalle Maury al pertenecer a este reducido y selecto grupo de legisladores “le permitió crear una grande y sólida red de contactos en los tres niveles de gobierno”. La FGR apuntó que uno de ellos es gobernador actual de un estado, otros fueron candidatos a la Presidencia, y muchos de ellos también fueron secretarios de Estado.
Para la FGR el ex legislador participó en la modificación de la Constitución de tres artículos, “de tal forma que favoreció intereses particulares y, con ello se benefició asimismo a recibir elevadísimas sumas de dinero mal habido”, recursos que se cree provienen de los sobornos que Odebrecht entregó a México a través del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Los magistrados indicaron que la resolución del juez de control se dictó con base a los datos de prueba y diversos factores expuestos y no sólo lo referente al domicilio.
“Consideraciones que se encuentran acorde a la legalidad, porque como lo señaló el juez de amparo, se actualiza el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, pues con los recursos que se dice tiene a su alcance, las facilidades para el contacto con los testigos y que puede haber una red de ayuda que pudiera coadyuvarle, dada la calidad de servidor público del más alto rango del Estado Mexicano que ostentó, de encontrarse en libertad, podría posibilitarse la destrucción, que se destruya, modifique, oculte o falsifique elementos de prueba, que por la naturaleza de la investigación efectivamente pudieran ocurrir…”, detalla la sentencia.
El ex senador podría alcanzar una pena de prisión mínima de 12 años y una máxima de hasta 39 años de prisión, por los supuestos delitos que se le imputan, además de que alcanzaría penas económicas de multa y de reparación del daño, esta última, de no al menos de 97 millones 190 mil pesos.
ir