Una jueza federal rechazó frenar la orden de aprehensión que existe contra Roselia Abarca Velázquez y su esposo Cirilo Lara Brito, hermana y cuñado del ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, quienes son buscados por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Rosa Montaño Martínez, jueza Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, determinó que la orden librada el 5 de abril de 2021, por parte del juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, está fundada y motivada. Por esta razón decidió negarles el amparo.
La juzgadora analizó el tema de los probables delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita en tres de sus hipótesis (para adquirir inmuebles, la utilización de dinero en territorio nacional y por depositar los recursos a diversas cuentas en México, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita).
Montaño Martínez indicó que no podía realizar un pronunciamiento sobre los delitos de delincuencia organizada y defraudación fiscal, porque ya hay una resolución de un Tribunal Colegiado.
En el expediente se menciona que la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detectó seis cuentas de débito, en las instituciones financieras BBVA Bancomer, Banamex y Scotiabank Inverlat, durante el periodo de diciembre de 2008 a octubre de 2014.
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En dichas cuentas se descubrieron depósitos totales por un monto de 49 millones 421 mil 70 pesos con centavos y retiros totales por 50 millones 637 mil 381 pesos. Asimismo, se desglosan cada una de las operaciones y depósitos a cuentas de los citados bancos, así como a otros.
La juzgadora indicó que la decisión del juez Tercero está “ajustada a la legalidad”, porque como lo expuso, con las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal, hay indicios de que se realizaron diversas operaciones bancarias, con sumas que proceden de una actividad ilícita, “de lo que sabía el propio inculpado, al proceder de actividades diversas como son el narcotráfico, el secuestro o la extorsión, para después de ello, generar diversos cheques a favor de múltiples personas, ya sean físicas como la coimputada o familiares, y hasta de personas morales…”.
Asimismo, calificó de infundado el argumento en el sentido de que el juez no valoró las pruebas que se le aportaron. La jueza enfatizó que no hay constancia de que el matrimonio haya comparecido ante el Ministerio Público durante la etapa de averiguación previa, pese a que fueron citados a comparecer desde marzo de 2016.
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También declaró infundado el argumento de que se están violando sus derechos humanos, porque no se tomó en cuenta que han perdido valor las declaraciones de algunos testigos protegidos del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes han comenzado a recuperar su libertad.
Rosa Montaño dejó claro que será en etapas posteriores donde los inculpados, estén de aptitud de justificar ante el juez las afirmaciones que realizan, y aportar los medios probatorios.
De igual manera, declaró infundado el argumento relativo a que las declaraciones de dos testigos colaboradores han sido declaradas nulas en diversos procesos penales, porque mintieron y no reconocieron las firmas en sus declaraciones.
Uno de ellos es Sergio Villarreal González, El Grande, con nombre clave Mateo, quien fue jefe de sicarios y después líder del cártel de los Beltrán Leyva, hasta que fue detenido y extraditado a Estados Unidos en mayo de 2012.
Los quejosos alegaron que es imposible que esta persona haya declarado en México el 11 de diciembre de 2013 y 12 de diciembre de 2014, como aseguró la PGR.
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