Un juez federal dictó auto de formal prisión contra el capitán del Ejército en retiro, José Martínez Crespo, quien fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) del presunto delito de delincuencia organizada en su modalidad de cometer delitos contra la salud.
Fuentes cercanas al caso mencionaron que el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, consideró que la FGR aportó los elementos suficientes para presumir la responsabilidad del militar en retiro, al que se ha vinculado con el caso Ayotzinapa.
Hace unos días, el abogado Conrado López Hernández, quien es persona de confianza del capitán Crespo, aseguró que no había pruebas para acusar del mencionado delito a su amigo.
De acuerdo con la averiguación previa que comenzó a ser integrada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el capitán Martínez Crespo tomó dos fotografías de jóvenes estudiantes y de un profesor, después de que, atendiendo las órdenes de su comandante del 27 de Batallón de Infantería, se dirigió a una clínica privada en el municipio de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 porque al parecer había gente armada.
Conrado López explicó hace unos días a MILENIO, que después de hacer la inspección del inmueble con los protocolos de seguridad e inspección de inmuebles y tras corroborar que no había gente armada, identificó a los alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, que se resguardaban en la clínica. El capitán les dio el trato correspondiente.
“Les indicó a los jóvenes que se sentarán en la sala de espera de dicha clínica y dichos jóvenes no se aprecia que se encuentren violentados por el personal militar”, explicó.
Martínez Crespo tiene dos años retirado del servicio activo, pero en los últimos cuatro años compareció ante los Ministerios Públicos del fuero común y federal para el esclarecimiento de los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014 que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
También lo hizo ante grupos colegiados de expertos que integró la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para realizar una investigación exhaustiva del caso, independientemente de la indagatoria que llevó a cabo en su momento la entonces Procuraduría General de Justicia Militar para conocer si existieron delitos cometidos contra la disciplina militar.