Un juez federal dio un plazo de dos meses al abogado Juan Collado Mocelo para que recabe datos de prueba que le hacen falta para emprender su defensa en el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de Caja Libertad.
En acato a una sentencia de amparo, hoy se celebró una audiencia de revocación que presidió Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, quien determinó que el imputado debe contar con el citado plazo para una adecuada defensa.
Durante la diligencia, Mauricio Flores Castro, abogado de Juan Collado, indicó que entre los datos de prueba que buscan recabar está la copia de una resolución que emitió en su momento la Fiscalía General de la República (FGR) en su Delegación Querétaro, sobre el no ejercicio de la acción penal contra su cliente; agregó que también buscan recabar algunos unos videos.
Explicó que lo más importante es la copia de dicho documento de la delegación de la FGR, porque manifestó que no había delito que perseguir por la venta de un terreno, y pese a ello el área central de la fiscalía inició una carpeta de investigación en su contra.
Asimismo, hoy estaba programada la audiencia intermedia en el proceso que se le inició a Juan Collado por el presunto delito de defraudación fiscal equiparable, por un monto de 36.7 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2015. Sin embargo, ésta se suspendió.
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Hace unos días, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal otorgó un amparo a Juan Collado, sentencia que ordenó dejar sin efecto la segunda acusación que la FGR realizó en el proceso que se le sigue por supuestos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, subsistiendo solo el señalamiento de 24 millones de pesos y no de 156 millones de pesos.
El Tribunal ordenó al juez de control para que, con libertad de jurisdicción, determinara si otorgaba un plazo razonable al quejoso para que pueda allegarse de pruebas que ha solicitado a las autoridades hacendarias para presentar su defensa.
El empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamante Figueroa denunció a Juan Collado en la FGR el 7 de junio de 2019, por haber recibido 24 millones, de 156 millones de pesos en 2015, producto de la venta de un terreno de su propiedad. El empresario era socio de Libertad Servicios Financieros.
La FGR integró una carpeta de investigación contra Juan Collado, usando una averiguación previa que estaba en manos de las autoridades de Querétaro y con la denuncia del empresario inmobiliario que dijo haber sido defraudado por una empresa cuyos propietarios supuestamente son los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, así como el gobernador Francisco Domínguez Servién, entre otros.
Sergio Hugo Bustamante Figueroa compareció en cinco ocasiones ante el Ministerio Público por periodos de 72 horas cada uno, presentado como prueba una averiguación previa que integró la Fiscalía General de Justicia de Querétaro, en 2017.
El 4 de julio de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una querella ante la FGR porque detectó operaciones atípicas en el sistema financiero por parte de Juan Collado y cuatro personas más, lo que sirvió de base, junto con el testimonio del denunciante, para solicitar una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.