Un juez federal otorgó una suspensión definitiva que dejó sin efecto la orden de aprehensión y la ficha roja emitida por Interpol para localizar y detener al empresario Juan Pablo González Cimadevilla, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de presuntamente confabularse con funcionarios locales y federales para hacerle daño a su ex esposa y a su familia.
Funcionarios del gobierno federal revelaron a MILENIO que la FGR busca obtener una nueva orden de captura que le permita solicitar otra vez a Interpol su localización a nivel internacional.
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Por su parte, González Cimadevilla promovió un nuevo amparo para protegerse de una posible nueva orden de aprehensión y solicitó una suspensión provisional para evitar su captura y la emisión de una nueva ficha roja.
Yazmín Eréndira Ruiz, jueza Décima Sexta de Distrito de Amparo en Materia Penal, admitió a trámite la demanda de garantías. Sin embargo, rechazó conceder la medida cautelar, porque fue informada que el 15 de enero que el director general de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, por conducto del director de Amparo de la FGR, canceló la ficha para la búsqueda internacional.
El próximo 26 de marzo se llevará a cabo la audiencia incidental donde la jueza resolverá lo referente a la suspensión definitiva que solicitó el quejoso contra diversos actos que reclamó.
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En octubre de 2019, el asesor jurídico de las víctimas, el abogado Marco Antonio del Toro, dijo en audiencia a Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, que este asunto inició a raíz de un conflicto marital y mal divorcio, donde González Cimadevilla denunció a su ex esposa de haberle robado unas botellas de vino de origen griego y chino, además de que responsabilizó a sus ex cuñados.
Comentó que el empresario logró llevar a la cárcel a la mujer con una orden del fuero común; después envió a sus abogados para obligarla a renunciar a la patria potestad de sus dos menores hijos y a cualquier derecho de patrimonio, a cambio de su libertad. Además, imputó falsamente a sus ex suegros de cometer delitos sexuales.
En la audiencia, los fiscales de la FGR aseguraron que se descubrió una red delictiva conformada por servidores públicos de su institución, particularmente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido), que supuestamente se “confabularon” con autoridades del estado de Jalisco, empresarios y reconocidos abogados para dañar a una de las familias más ricas del país, a la que acusaron de tener nexos con el narcotráfico.
Para ello, comentaron los fiscales, se “fabricaron” y “sembraron” pruebas, de manera dolosa y “maquiavélica”, “manipulando” información entregada por las agencias ICE y ATF de Estados Unidos para combatir a una organización dedicada al tráfico de armas.
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