Para la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos Farjat, un juzgador independiente e imparcial es una garantía para la estabilidad del Estado pues sólo así se protege la correcta aplicación de la Ley.
Al coordinar la Mesa de diálogo "Independencia judicial como presupuesto para la protección de los Derechos Humanos", en el marco del Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial, Ríos Farjat indicó que resulta paradójico el que se considere a la independencia judicial como amenazante cuando en realidad los jueces independientes garantizan el cumplimiento de las leyes promulgadas por el Estado.
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“Más que un riesgo para la sociedad o para la coalición política que sea dominante, un juez independiente e imparcial es una garantía de estabilidad del Estado, y cuando hay estabilidad, cuando se cumple la ley, existe crecimiento económico. Cuando existe seguridad jurídica, se sientan las bases para la prosperidad”, indicó.
Incluso, cuestionó que si la sociedad no conoce el quehacer judicial es porque, en gran medida, la academia, los medios de comunicación y la abogacía en general no asumen esa tarea y se la dejan a los jueces, cuando no debería ser así.
Durante el foro organizado por la SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU), participaron la Doctora Francisca Pou Giménez, investigadora del Instituto de IIJ; el Doctor Carlos Ayala Corao, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA); la Doctora Leticia Bonifaz Alfonzo, integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Juez Marcelo Gallo Tagle, Presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados.
De acuerdo con Pou Giménez resulta necesario elevar el prestigio de los fiscales al nivel de los jueces, así como mejorar las condiciones laborales y la capacitación de la policía de investigación y fortalecer la independencia de los poderes judiciales estatales, aún influenciados por los gobernadores.
A su vez, Ayala Corao cuestionó la reforma judicial y expuso que a la iniciativa le falta claridad además de que existen contradicciones que se han detectado entre sus principales objetivos.
“Cuando comencé a leer la exposición de motivos de la reforma, dice que se hace para buscar mayor legitimidad de la justicia en México a través de la participación ciudadana en la elección de los jueces y si ese el objetivo, lo primero que tenemos que plantearnos si ese es un objetivo por si solo aislado, legítimo en la justicia.
“Ese objetivo no se logra con la reforma constitucional, no veo a los ciudadanos por ningún lugar participar, no los veo participando en la selección de candidatos, no los veo aportando, no los veo cuestionando no los veo proponiendo, no veo la transparencia cuando la Presidencia, o el Poder Legislativo o el Poder Judicial propone a los candidatos no veo luz para que se entere la población y pueda participar”, afirmó.
En su oportunidad, Leticia Bonifaz Alfonzo alertó que no se pueden prever los resultados de la reforma pues, agregó, no hay en la actualidad alguna otra experiencia similar en el mundo para poder realizar una comparativa correcta.
“Este proceso ni siquiera es semejante al boliviano cuando eligieron a su órgano supremo en materia jurisdiccional, así que no nos queda más que seguir aportando elementos y convencer de la importancia de que esta reforma vaya muy pensada y que vaya teniendo todos los puntos indispensables para cumplir con los tratados internacionales”, explicó.
Posteriormente el juez Marcelo Gallo Tagle aseveró que la independencia de la que goza un juez no es un privilegio, sino una garantía para asegurar a toda persona un juicio justo y apegado a las leyes. En ese sentido, criticó que se hable de los “privilegios de los jueces”, asegurando que se trata de una “etiqueta mediática para tratar de denostar la imagen del Poder Judicial y mal informar al ciudadano".
El juez también destacó que el cese masivo de jueces que plantea la reforma judicial en México afectaría retroactivamente designaciones que fueron realizadas adecuadamente.
La Mesa de Diálogo tuvo como fin analizar la independencia judicial, identificada como un atributo indispensable de las personas juzgadoras para ejercer su función, así como un derecho inalienable de los justiciables para acceder a una justicia imparcial frente a los actos arbitrarios de la autoridad.
Al intervenir entre cada ponente, Ríos Farjat expuso que las garantías de estabilidad que la ley otorga a los juzgadores favorecen a quienes acuden a la justicia, y esperan que la que reciban sea justicia imparcial, valiente, autónoma, técnica y excelente.
“No es una fórmula matemática el quehacer de los jueces, no trabajamos con abstracciones, sino con personas que están litigando, que están en pleito, en desasosiego. Todo eso se percibe y se sufre por quien juzga, porque somos personas y las injusticias que se ven en los expedientes duelen”, puntualizó.
Al terminar las exposiciones, la ministra agradeció la participación de los ponentes, quienes, dijo, dejaron un testimonio muy claro de responsabilidad en su forma de abordar un tema fundamental para la sociedad y su bienestar.
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