Para garantizar la seguridad de jueces y magistrados federales, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, se propone una asignación de 826 millones de pesos.
En el documento se menciona que la inseguridad que durante décadas ha sumido al país en una crisis de violencia no ha sido ajena al Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, recuerda que en este año fue asesinado el juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas, derivado de su compromiso con la impartición de justicia y de su colaboración en el combate a la delincuencia organizada.
“Este crimen contra el Estado no es un hecho aislado, pues debe considerarse en el marco de múltiples amenazas, tanto en público como en privado, a quienes dedican sus vidas a la impartición de justicia”, detalla el informe entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por ello, abunda el proyecto, se ha de garantizar la protección y seguridad de jueces, y magistrados, entendiendo que ello debe alcanzar, como mínimo, a todos aquellos que se dedican a la materia penal.
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“Sólo de este modo, la impartición de justicia quedará blindada frente a los embates de la delincuencia organizada y de quienes pretenden afectarla mediante actos de amedrentamiento y corrupción”, añade.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la imparcialidad de quienes juzgan se ve afectada cuando las y los jueces se desempeñan en entornos en los que su integridad y vida se ven amenazadas.
Para ello, el Consejo está revisando y mejorando sus procedimientos de diagnóstico de riesgo y de asignación y supervisión de medidas de protección para jueces y magistrados, en aras de evitar que los procesos administrativos obstaculicen esa acción prioritaria.
No obstante, la dotación de recursos para cumplir este cometido es fundamental en esta tarea, pues la seguridad de quienes juzgan redunda, en última instancia, en el fortalecimiento de las labores de seguridad del Estado mismo.
bgpa